Concluido 2020, año en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la termoeléctrica de Huexca entraría en funciones, el representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), Juan Carlos Flores Solís, asegura que a la fecha existen 11 amparos con suspensiones de plano y definitivas contra las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM).
De acuerdo con el abogado, nueve de los 11 amparos están relacionados con el uso que la termoeléctrica le dará al agua extraída de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR), y que es reclamada por los ejidatarios de la zona como un recurso vital para sus cultivos. De verse reducido el caudal, los productores temen que los sembradíos se vean impactados negativamente.
A la fecha, la central de ciclo combinado construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en una fase de pruebas previa a su puesta en marcha. Mientras tanto, el FPDTA-MPT ha iniciado dos acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la más reciente una solicitud de petición de caso para demandar al Estado mexicano. Según explica el abogado:
“Es un proceso donde, una vez agotadas las instancias nacionales, o debido a la imposibilidad de que en las instancias nacionales se resuelva sobre el asunto, se puede acudir a la CIDH para demandar al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos que existen, tanto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, como a la propiedad comunal de los pueblos y sus aguas, así como a la forma en que fue implementado el proyecto, con uso de la fuerza y con el asesinato de Samir”, explica Flores Solís.
Y se destacan varios factores clave que el movimiento de oposición ha reclamado como razones para que la planta de la CFE no inicie sus operaciones, como el no haberse realizado una consulta en comunidad previa a su construcción y el uso de las autoridades, en varias ocasiones, de la fuerza pública. Recientemente, la conexión del acueducto de la termoeléctrica de la PTAR sólo pudo concretarse después de un operativo que concluyó con el desalojo del plantón de San Pedro Apatlaco, en Ayala, en el que participó la Guardia Nacional.