Como adultos siempre buscamos quién es el responsable de las cosas. No me dejará mentir que de manera cotidiana nos preguntamos ¿a quién le toca prevenir el delito? Es decir, ¿quién es el responsable de evitar que sean cometidos tantos delitos?, ¿quién debe hacer ese trabajo?, ¿por qué cada día nos enteramos de más y más casos de violencia en nuestro país?
Que si en un ataque armado murieron jóvenes por defender a alguien, que si usaron drones para agredir a pobladores, que si el pueblo que padecía extrosiones se enfrentó con tal grupo delictivo, que en tal comunidad armaron a niños para combatir a la delincuencia, que un niño llegó armado a la escuela, que dos niñas se pelearon fuera del plantel educativo, que dos grupos delictivos se enfrentaron usando armas de alto poder o simplemente las ejecuciones de cada día.
De ahí que surja la preocupación de la población y la sensación o percepción de inseguridad, que cada año es medida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE 2023), en la que retrata ese sentir social, para que puedan diseñarse e implementarse políticas públicas en la materia.
La medición es realizada a partir de los datos de victimización en el hogar, los delitos ocurridos en el año, la cifra negra (delitos no denunciados), la percepción de seguridad de los habitantes del país en el lugar donde viven y donde realizan sus actividades cotidianas, el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública, el cambio en actividades o hábitos por temor al delito, así como las actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Estos parámetros nos revelan que los delitos no se cometen solo en las calles y a la vista de todos, que la mayoría, alrededor del 93%, no son denunciados, porque las víctimas consideran que es una pérdida de tiempo y por desconfianza en la autoridad; por trámites largos y difíciles, por la actitud hostil de la autoridad o por miedo a que lo extorsionen, lo que contrasta con la principal preocupación a nivel nacional de la población que es la inseguridad, seguido del aumento de precios y el desempleo.
En Morelos, según la ENVIPE 2023, estima que el 27% de los hogares de la entidad tuvo al menos una víctima del delito, es decir, 161 mil 933 hogares víctimas de un total de 598 mil 948 hogares estimados. La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en la entidad, fue de 20 mil 596 hombres y 22 mil 700 mujeres.
La incidencia delictiva alcanzó la comisión de 472 mil 979 delitos estimados en Morelos, y en 82% de los casos, las víctimas manifestaron haber sufrido un daño, ya sea económico, emocional, psicológico, físico o laboral. Lo que, traducido en monto económico representa 5 mil 106.7 millones de pesos, en otras palabras, este importe corresponde a las pérdidas económicas a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares.
Esta percepción de inseguridad ha causado la implementación de medidas preventivas a cargo de la población como: cambiar o colocar cerraduras o candados, cambiar puertas y ventanas, realizar acciones conjuntas con los vecinos, utilizar animales como guardianes y otras medidas, como cerrar con rejas algunas calles, colocar equipos de videovigilancia y podemos enumerar muchas más.
Pero la pregunta sigue en el aire, ¿a quién le toca la prevención?
Por un lado, el artículo 21 de la Constitución Federal, establece que la Seguridad Pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. Entonces, les corresponde a las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, a las Fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, en el ámbito de su respectiva competencia, coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero para que estos deberes se cumplan, el 24 de enero de 2012, fue expedido el decreto que creó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como instrumento normativo que distribuye las competencias para la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que se realizarán, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley.
Hasta aquí tenemos claro que la autoridad responsable de diseñar este plan de prevención está del lado de las instituciones que conforman el sistema de Seguridad Pública, pero normativamente fueron complementadas con perspectiva de adolescencia, a través de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, específicamente en el Libro Quinto.
Esta norma, da un giro relevante en el sistema jurídico mexicano, al considerar que: “Las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, no podrán sustentarse de manera exclusiva en acciones de seguridad pública”.
Por lo tanto, reconoce, en el mismo ordenamiento legal, que la prevención del delito es una función de Estado, que las familias tienen una función preventiva porque son la unidad central de la sociedad. La necesidad de coadyuvancia de las autoridades directivas de los planteles de educación, porque además de la formación educativa es necesario promover valores fundamentales, sociales y comunitarios en las personas adolescentes.
Y a la comunidad, lo que nos engloba a todos nosotros, para apoyar programas que respondan a problemas, necesidades, intereses e inquietudes de las niñas, niños y adolescentes.
Este reparto de funciones, deberes y participación nos debe comprometer a reflexionar y autoevaluarnos, qué tanto estoy contribuyendo a la prevención de los delitos, porque es incongruente que queramos seguridad sin denunciar, que exijamos resultados si en los hogares y en la comunidad no estamos haciendo lo que nos toca, desde luego, sin pretender relevar las funciones de las instancias de seguridad pública.
Debemos plantearnos ¿cómo educar a nuestros hijos en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar? En las escuelas, ¿cómo trabajar en el reconocimiento, atención, erradicación y prevención de los distintos tipos de violencia para lograr una convivencia libre de violencia? O en la comunidad, ¿dónde pueden impulsarse los servicios y programas que atiendan los problemas de los adolescentes?, como la prevención, asistencia y tratamiento de adicciones, alojamiento para los que están en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Hasta aquí la opinión semanal, los leo en los comentarios.
*Adriana Pineda Fernández – Magistrada propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos
