El despacho Carrancá-Garrigós asumió la defensa en dos de los más mediáticos juicios del país, los que involucran a Adrián LeBarón (víctima de la masacre que cobró la vida de gran parte de su familia) y a Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, presa por el presunto abuso de la función pública. Los dos casos fueron tomados casi simultáneamente por el bufete de abogados morelenses formado que preside la sui géneris dupla del catedrático emérito, Raúl Carrancá y Rivas, el ex alcalde de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós y su hermano José. El dato es más que anecdótico, porque los casos tienen un alcance que no sólo tiene que ver con la relativa fama de los involucrados, sino con el resultado evidente de una crisis profunda en el sistema de justicia que requiere mayor visibilidad entre la sociedad que parece rehuir a los temas judiciales.
La colección de ordenamientos y procedimientos notoriamente injustos a la que se tienen que enfrentar los “justiciables”, resultan de espanto y permiten discrecionalidades tales que hacen dudar no sólo de la efectividad del sistema de impartición de justicia (cuyos índices de impunidad resultan angustiantes), sino también, y esto es mucho más grave de la propia definición de justicia mexicana que poco se parece a la de Aristóteles, y mucho menos a la de John Rawls.
El estado de cosas ha llevado a los litigantes morelenses a ilustrar la inconstitucionalidad de ordenamientos tales como la ley contra la delincuencia organizada, instrumento que, Martínez Garrrigós explica bien, tiene raíces del derecho contrarias al sistema garantista que hemos elegido los mexicanos. Un sistema garantista, por cierto, es ése que vela por los derechos individuales y la expansión de los mismos, y considera que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario sin que haya lugar a dudas. La ley de delincuencia organizada parte de la idea contraria, cualquiera sujeto a la misma es considerado culpable y enfrenta sanciones directas incluso antes de enfrentar un juicio; pero también restringe la personalidad de las víctimas y por ende niega sus derechos elementales (a velar por que se les garantice la justicia, y a la reparación de los daños). Es decir, la solución del caso LeBarón, que pone en duda la utilidad y pertinencia de la ley de delincuencia organizada, podría cambiar mucho el escenario jurídico mexicano desde la óptica de los derechos humanos fundamentales.
Por otro lado, el caso Robles resulta un evidente abuso de la prisión preventiva además de la connotación triste, pero aparentemente cierta, del uso de las instituciones para la venganza política de un grupo con poder en contra de una persona que lo tuvo.
En términos prácticos, el resultado de los dos casos ha sido positivo en sus primeras horas, porque ha permitido iniciar la discusión de los temas de fondo. Por supuesto que el ideal es que el resultado de ambos procesos concluya en la garantía de justicia para todas las partes, pero de inicio la visibilidad de los casos permiten que los temas encuentren espacio en un foro público que resulta fundamental para la mejora sustancial tan urgente en el sistema de justicia del país.
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