Cobran protección y derecho de piso. "Si no pagas te mato", amenazan.

Todos los conocen, pero por temor nadie los denuncia. Son sujetos detestables. Nada ni nadie los detienen. Cobran "protección o derecho de piso" al comercio formal, informal, bases de taxis y rutas, así como a todos quienes prestan algún servicio en colonias y poblados.

Destruyen familias. Atentan en contra de lo más profundo del ser: la vida. Asesinan a niños, jóvenes, mujeres y hombres, por igual, sin importar edad.

Llegan a sus negocios y les prometen "protección" por cantidades de dinero y en plazos inamovibles. Si no cumplen, regresan y atacan.

No les importan las cámaras de seguridad o la seguridad de los establecimientos, las burlan. Se burlan!

Los extorsionadores lucran con la vida. Desde hace más de una década, el fenómeno del cobro de piso en las principales ciudades de Morelos ha crecido sin medida. Ninguna autoridad ha logrado detener a las organizaciones delictivas dedicadas a esto, que ha provocado que empresarios y pequeños comercios cierren o huyan de la entidad por temor a perder su vida y la de sus familias. Otros mueren en el intento por defender su patrimonio. Familias enteras son destruidas por este "cobro de protección".

El gobierno sólo se mantiene a la expectativa. Ni siquiera mete las manos por la sociedad que diariamente tiene que enfrentar esta problemática. No hay instrumentos, ni manuales, ni operativos efectivos que permitan extirpar este tumor cancerígeno; Peor aún, la autoridad no cuenta con un diagnóstico que permitirá identificar a las células existentes, lo que hace presumir su contubernio con las bandas dedicadas a este tipo delictivo.

En los sótanos de la ciudad, en total clandestinidad, se enganchan a jóvenes, se les adiestra y entrena en el manejo de armas y de instrumentos de coacción para después reclutar.

Intimidan y amagan a sus víctimas; azuzan y reducen en nada a sus presas argumentando "protección".

Nicolás, comerciante de Acapantzingo en Cuernavaca, víctima de extorsión y quien pide el anonimato por seguridad acusa a las autoridades de permitir estos abusos por parte de células criminales. “Parece que están mejor organizados que el propio gobierno, Nos vigilan, saben cuánto podemos vender en un día, Vigilan también a nuestros clientes. Nos tienen en sus manos”, establece.

El delito de extorsión en el estado de Morelos se castiga con una pena de quince a veinte años de prisión, sin embargo, las víctimas tienen miedo y tedio, debido a los actos de corrupción e impunidad que a diario se generan en el interior del poder judicial y no denuncian.

El otro piso.

Mientras el fenómeno delincuencia se expande en ciudades, colonias y poblados de Morelos, la delincuencia institucional también crece. Los ayudantes municipales hacen de las suyas, cómo es el caso de lo que ocurre en Acapantzingo con Gerardo Abarca, este sujeto venido a menos, deteriorado político, mitómano y cenutrio, ejerce su cobro de piso al comercio formal e informal. Inclusive, el crecimiento del ambulantaje en un 80 por ciento en las calles del tradicional poblado de Cuernavaca se debe a que el ex candidato independiente a diputado ha generado "permisos" y tratos oscuros con los comerciantes, desde su primer "ejercicio" como ayudante municipal hace seis años. El estiércol en los drenajes de la ayudantía recorre sus principales arterias y ha permitido el incremento en hechos delictivos y de sangre que mantienen de rehén a la sociedad morelense.