Son muchas las aristas con que se puede valorar estos nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de sus calificadores es la propia población. Si atendemos las encuestas que han sido publicadas, el jefe del Ejecutivo ha sido aprobado. De acuerdo con la empresa consultora Enkoll, 73% de los mexicanos aprueba la gestión del mandatario. Consulta Mitofsky- El Economista le dio una aprobación de 62%, mientras que El Financiero 67%.

Es evidente que no todo está bien, que ha habido errores, equivocaciones y hasta falta de sensibilidad a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas, al grado que algunos funcionarios del gabinete han tenido que ofrecer disculpas.

En particular quiero exponer un asunto que, estoy convencida, es de suma importancia, porque tiene que ver, como lo planteó en su momento el candidato López Obrador, que los mexicanos íbamos a experimentar un cambio de régimen y no de gobierno.

Apenas había trascurrido 13 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, le daba una calificación reprobatoria de 34 puntos en una escala de cero a 100. Transparencia internacional fue el organismo que se encargó de calcular este índice.

El gobierno peñista, para ese momento, había presentado al Senado de la República una reforma constitucional que proponía la creación de un organismo anticorrupción.

Desde la llegada del gobierno de López Obrador no ha habido un día, y aún antes, que los medios de comunicación no den cuenta de la enorme corrupción que practicó el propio Peña Nieto, colaboradores y sus amigos empresarios. Desde muy joven el mexiquense se pintó para corrupto. El equipo de Aristegui noticias reveló que la tesis para obtener la licenciatura, al menos una tercera parte del texto, se la había plagiado, aunque la casa blanca fue, sin lugar a duda, el sello, el símbolo que lo marcó, el de la corrupción.

Como gobernador por el estado de México mostró su “gusto” por los chanchullos que desde entonces hizo, por ejemplo, con Grupo Higa, luego sumaría a OHL, Odebrech, y así una lista larga, larga, pero verdaderamente larga lista que por donde quiera dejó huellas junto con su equipo de colaboradores que, pareciera, dieron una ardua pelea, para ver no quién era el mejor funcionario sino el más corrupto.

A través de notas informativas, reportajes y hasta videos, salieron a relucir sobornos que obtuvieron funcionarios públicos como Gerardo Ruiz Esparza, Enrique Ochoa Reza y Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray, Alberto Elías Beltrán, André Arthur Glorieux González, Alejandro Gutiérrez y muchos más.

La lista no queda ahí, desde luego está Rosario Robles, señalada como la principal responsable de la estafa maestra; Virgilio Andrade, quien como secretario de la Función Pública concluyó que no se demostró una “materialización de beneficios” en la adquisición de la casa blanca por lo que lo dio el caso como “legalmente cerrado”.

No hay uno solo de sus colaboradores que no esté señalado de transa, de corrupto, de sinvergüenza. Cómo no recordarlo. Dos personas murieron en agosto de 2016 tras caer en el socavón del Paso Exprés, en la autopista México-Cuernavaca, cuya obra se retrasó cuatro meses y costó el doble: De mil 45 millones de pesos pasó a 2 mil 200 millones de pesos.

Quienes fueron el orgullo de Peña Nieto por ser la “nueva generación” de gobernadores priístas, que más bien parecían una banda de asaltantes, utilizaban, para camuflarse, el sobre nombre de “señor gobernador”. La lista también es enorme: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, etc., etc., etc.

Aquellos y estos seguramente no llenaron únicamente con miles de millones de pesos sus bolsillos, sino sus cuentas bancarias y/o casas de seguridad al estilo del empresario chino Zhenli Ye Gon. Según algunos medios de comunicación, 28 gobernadores priistas “acumulan al menos 140 mil 338 millones 600 mil pesos sin solventar auditorías de 2012 a enero de 2018. El de Peña Nieto ha sido como lo ha documentado la prensa mexicana, el gobierno más corrupto de la historia del país. Miguel Alemán se quedó corto.

En días pasados nos hemos enterado cómo desde Los Pinos, presuntamente, sobornaban a particulares y compañías, donde el mismísimo Humberto Castillejos, hombre de todas las confianzas de Peña, y quien encabezaba la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República operaba desde Los Pinos.

Cuando el 18 de julio del 2016 Peña Nieto promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pidió perdón por lo de la casa blanca: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”, dijo con cara de arrepentimiento.

Peña quiso hacernos creer que nos gobernaba un hombre humilde, sensible, honesto. No, nos gobernó la delincuencia organizada.