En la época digital actual, la tecnología se ha convertido en una herramienta ambivalente en el ejercicio de los Derechos Humanos. Por un lado, ofrece oportunidades sin precedentes para su promoción y protección; por otro, presenta desafíos significativos y amenazas potenciales.

Un aspecto preocupante es la vigilancia digital ejercida tanto por Estados cuanto por entidades privadas. Esta práctica ha encendido alarmas en cuanto a la privacidad individual, especialmente a medida que la capacidad para recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos se ha intensificado. ¿Cómo equilibrar la seguridad del Estado con la privacidad de los individuos? La línea entre una vigilancia justificada y el abuso de poder es frecuentemente difusa y objeto de intensos debates. Un ejemplo palpable es el uso del software Pegasus en México, desarrollado por la impresa israelí NSO Group con propósitos de espionaje, lo que resalta la problemática de equilibrar la seguridad nacional con la confidencialidad.

En este contexto, las plataformas de redes sociales, que en sus inicios fueron vistas como pilares de la libertad de expresión, ahora enfrentan críticas severas por fomentar la desinformación y ejercer formas de censura. A nivel mundial y en nuestro país, hemos sido testigos de cómo pueden manipular la opinión pública y alterar el curso de eventos políticos y sociales. Como muestra, tenemos que durante las campañas electorales, se utilizan tácticas de difusión de bulos -noticias falsas- y el uso de bots para influir en las percepciones del público.

La inteligencia artificial (IA) representa otro frente desafiante. Si bien está transformando la toma de decisiones en múltiples sectores, su uso plantea cuestiones éticas complejas. Para dar una idea, el uso de sistemas de reconocimiento facial y toma de decisiones automatizadas, han mostrado replicar y amplificar prejuicios existentes en la sociedad. Este fenómeno ha suscitado un debate global sobre la necesidad de transparencia en su rendición de cuentas.

Otro reto crucial es la brecha digital. Aunque la tecnología tiene el potencial de ser un gran igualador, la realidad es que existe una división profunda en el acceso a internet y a la educación por medios remotos. Esta disparidad perpetúa y agrava las desigualdades existentes, marginando a grupos ya vulnerables. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado esta situación, revelando las profundas divisiones en el acceso a la educación en línea y a las oportunidades cibernéticas.

No obstante estos retos, ha demostrado ser una herramienta poderosa para activistas y defensores. Las plataformas digitales han facilitado movilizaciones masivas y han permitido compartir información y documentar violaciones de Derechos Humanos de maneras antes inimaginables.

En síntesis, la interacción entre tecnología y Derechos Humanos es una relación compleja y llena de contradicciones. A medida que avanzamos en esta era, es esencial mantener una ponderación entre aprovechar las oportunidades que ofrece y estar alertas frente a sus abusos. Una colaboración efectiva entre Gobiernos, empresas tecnológicas, sociedad civil y la ciudadanía es crucial. Con la finalidad de asegurar que sirva al bien común y proteja los derechos de cada individuo en México y en el resto del orbe.

Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México