El pasado 24 de octubre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso trascendental en política de México al aprobar, por unanimidad y en sesión extraordinaria, un acuerdo que exige a los partidos políticos nacionales postular, como mínimo, a cinco mujeres en las nueve candidaturas a gubernatura y jefatura de gobierno de la Ciudad de México para las elecciones de 2024.

Esta medida responde a la imperiosa necesidad de fomentar la equidad y visibilizar la lucha por la igualdad de género en las esferas de decisión. Es una realidad que influirá directamente en las negociaciones entre las fuerzas políticas para la asignación y reparto de candidaturas, y será un elemento clave para definir los nombres que figurarán en las papeletas electorales.

A pesar de que las agrupaciones partidistas pudieran impugnar la decisión, la Constitución prevalece como una norma suprema que ordena y no discute. El numeral 35 consagra los derechos de la ciudadanía, y su segunda fracción establece el “poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”. Se fortalece con el artículo 41 que mandata el deber jurídico de los partidos a fomentar el principio de partidad de género.

Es importante aseverar que no sólo es una cuestión de números o cumplir cuotas; es un imperativo democrático, justicia histórica y un reflejo de la madurez política de una sociedad. Debe ser el ejemplo de una comprensión transversal sobre la necesidad de demostrar el compromiso en la promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación.

No obstante, seguimos enfrentando obstáculos significativos. Las barreras culturales y sociales que han relegado a las mujeres a roles secundarios, la perpetuación de los estereotipos, la falta de redes de apoyo, la violencia y acoso. Adicionalmente, la desigualdad en el acceso a recursos esenciales para llevar a cabo campañas políticas efectivas, y la doble carga con las responsabilidades domésticas y profesionales.

De esta manera, se requieren más que buenas intenciones y declaraciones simbólicas. Se deben implementar políticas públicas efectivas, el fomento de una cultura de la equidad y respeto desde la educación, y la eliminación de barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a los espacios de poder.

En atención al devenir político, la mirada se centrará en cómo se implementan estos nuevos criterios de género y en la configuración final de las candidaturas. Lo que es indudable es que estamos siendo testigos de una transformación significativa en el panorama público mexicano, un cambio que apunta hacia la construcción de un futuro más justo para todos y todas.

Han pasado 68 años desde que las mujeres mexicanas marcaron un hito histórico al ejercer por primera vez su derecho al voto en 1955. Hoy en día, se evidencia un progreso notable pero aun deficiente, en la representación femenina en la política mexicana, reflejado la presencia de 9 gobernadoras al frente de sus entidades de los 32 estados de la Nación. En la cronología de nuestro país, solamente 16 han sido electas. Este avance resalta la importancia de continuar trabajando arduamente para cerrar las brechas de género y asegurar que las mujeres tengan constancia de un papel protagónico en la decisiones nacionales, para consolidar los ideales de una democracia inclusiva y representativa.

Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México