La semana pasada mencioné en esta misma columna las referencias generales al Sector Agua en el Plan Nacional de Desarrollo de la 4T.
En esta ocasión concentraré la atención en el diagnóstico y las estrategias que el PND refiere respecto al Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Lo relacionado con este tema se concentra principalmente en el Objetivo 2.6 “Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.”
Ahí se refiere lo que se establece en el artículo 4° de la Constitución “el Estado garantizará el derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.” A partir del reconocimiento del agua como un Derecho Humano se hace un diagnóstico de la situación actual.
Según cifras del documento, la demanda de agua para satisfacer las necesidades agropecuarias, urbanas e industriales tiene al 60% del territorio nacional en condición de fuerte estrés hídrico, con extracciones que superan 40% del agua disponible y con el 16% de los acuíferos del país sobreexplotados. Para 2016, se estimó una disponibilidad media per cápita de 3,690 metros cúbicos a nivel nacional, con marcados contrastes regionales. Por ejemplo, la región hidrológica del Valle de México solo alcanzó una disponibilidad de apenas 147 metros cúbicos per cápita.
Actualmente, México ocupa el lugar 94 entre los países con mayor agua renovable per cápita, considerando el agua factible de explotar sin comprometer o alterar los reservorios naturales.
De acuerdo con el diagnóstico de esta administración, más de nueve millones de mexicanos, en su mayoría en zonas rurales marginadas, no tienen acceso al agua potable y a servicios de saneamiento.
Estas diferencias implican, por ejemplo, que la cobertura de agua potable en zonas urbanas alcanza 97% mientras que en localidades rurales la cobertura disminuye a niveles de 85%.
Asimismo, en 2015 una tercera parte de la población indígena nacional no contaba con acceso a los servicios básicos de agua potable y saneamiento. Esto representa una desventaja especialmente para las mujeres de zonas rurales porque tienen que invertir varias horas al día para el acarreo.
La escasez se agrava debido a que muchos ríos, lagos y presas tienen problemas de contaminación por descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado; la mala calidad del agua afectó alrededor de seis millones de personas en nuestro país en 2017.
En cuanto al pago del agua existen marcadas diferencias regionales, mientras en algunas ciudades se pagan más de 20 pesos por metro cúbico de agua, en otras el precio por consumir la misma cantidad no supera los 5 pesos (como en el caso de Morelos que ronda apenas los 3 pesos).
En este sentido, en el PND se reconoce que es fundamental invertir en infraestructura para atender la demanda pendiente, así como satisfacer el derivado del crecimiento
poblacional, el cual se estima en más de 15 millones de personas para los siguientes 20 años.
Los retos son muchos para este subsector. El Derecho Humano Agua exige acciones concretas. Programas, proyectos y presupuestos acordes con el tamaño de reto. Esto último no parece estar ocurriendo, ojalá se corrijan esas decisiones. Todavía estamos a tiempo.
