Tarde, pero sin sueño, el gobierno estatal actuó como debía en la toma de casetas que se ha vuelto tristemente cotidiana en Morelos como en otras partes del país. Lo que inició como una forma extraña de manifestarse por grupos con demandas probablemente legítimas, fue derivando entre tolerancia de unos y tosudez, en un negocio para quienes ocupaban ilegalmente los puestos de cobro pidiendo cooperaciones para su movimiento, y después en un acto criminal bien organizado cuando los grupos delictivos se apropiaron del negocito que les significa ingresos millonarios.
En un operativo coordinado con fuerzas federales, el gobierno estatal logró la liberación del puesto de cobro de la Autopista del Sol en Alpuyeca, y detuvo en el acto a 78 personas (las primeras versiones hablaban de más de un centenar de capturados, pero al final la cifra oficial quedó en 78). La intervención de la fuerza pública no fue por la toma de la caseta en sí misma, sino por las denuncias del secuestro de tres personas. Sin embargo, el operativo tuvo como efecto último el cese de la ilegal manifestación en la caseta.
Posterior al operativo y la detención de los presuntos responsables, un grupo de un centenar de personas quiso bloquear nuevamente un tramo en Cuernavaca de la Autopista del Sol para exigir se liberara a sus compañeros detenidos, de esta acción derivó una nueva detención, esta vez de 68 sujetos.
El propio gobierno del estado advierte que los manifestantes detenidos en la toma de la caseta, “el grupo principal proveniente del Estado de Guerrero operaba a favor de un grupo delincuencial, mismo que entregaba pagos hasta por mil 500 pesos a las personas que extorsionaban a conductores al condicionar el paso por distintos centros y casetas de cobro mediante la entrega del pago de una cantidad referida por ellos mismos como cuota”, según dice en el comunicado emitido para el efecto.
El diagnóstico es similar al que tiene el gobierno federal, y a los que padecen los concesionarios de autopistas. Las manifestaciones que toman casetas parecen más cercanas a actos delincuenciales que a protestas legítimas por derechos de sectores diversos. Muchos conocen del asunto, pero las autoridades hacen poco por remediarlo. En el caso de Morelos, en los últimos dos años ha habido más de treinta tomas de casetas en la Autopista del Sol y la Siglo XXI, sólo en uno se ha registrado una acción policíaca para romper el bloqueo, y ésta fue por un delito cometido en el transcurso de la toma de las casetas, no por el hecho en sí mismo.
Los concesionarios de autopistas pueden ejercer el derecho a indemnización que está contemplado en los títulos con que cuentan y que garantiza la cobertura de las pérdidas que se generen por la imposibilidad de operar el cobro de cuotas por causas no atribuibles al concesionario. En Morelos, la Siglo XXI es operada aún por su concesionario, mientras que la administración de la Autopista del Sol corresponde a Capufe. Pero en términos económicos, la pérdida no parece distinguir modelos de operación de las autopistas. La acción de la autoridad debe mantenerse como prioridad.
@martinellito
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