La semana pasada trascendió en este diario, El Sol de Cuernavaca, que el titular del organismo autónomo estaba siendo presionado por el gobierno del Estado para dejar el cargo debido a la investigación difundida en el mes de diciembre sobre los abusos a menores cometidos por el DIF estatal.
Esta presión no puede considerarse como aislada ni minimizarse.
Por un lado tenemos el contexto nacional, donde el Presidente de la República ha expresado en distintos momentos su interés por extinguir los organismos constitucionalmente autónomos y subsumir sus funciones a las dependencias federales.
Los ataques nacionales que se han realizado, incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que terminó siendo dirigida por un personaje afín al partido gobernante y cuyo gestión ha estado plagada de señalamientos e irregularidades por parte de colectivos y defensores de derechos humanos. Esa actitud nacional es la que ahora sirve de ejemplo a muchos gobiernos locales que intentan destruir las instituciones democráticas que fueron conquistadas por los ciudadanos en el pasado.
Al respecto, la CDHM expresó públicamente en su comunicado del 14 de enero, que desde hace varios meses existía una “campaña de presiones, hostigamiento, extorsión y amenazas” para que su titular renunciara a la Comisión.
Como ciudadanos lo que nos importa es conocer y reconocer que el trabajo realizado por el organismo autónoma es fundamental para difundir los derechos humanos de los morelenses, y sobre todo para visibilizar y protegerlo. Su existencia es clave dentro de una democracia. Sin el trabajo de la Comisión no hubiera sido posible investigar actos de autoridad violatorios de derechos humanos e imputarles responsabilidad a favor de las víctimas.
Ejemplos de esto, son: la Recomendación por las declaraciones homófobas del Obispo de Cuernavaca; Recomendación por declaraciones misóginas de un diputado en contra de sus ; Recomendación por la muerte de más de 10 bebés en un hospital a cargo del Gobierno; Recomendación por no autorizar y pagar la reparación integral a las víctimas directas e indirectas de violaciones a DDHH y delitos, tales como: homicidios, feminicidios, desaparecidos, secuestro, violaciones, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, entre otras; y la incomoda investigación por probable tortura de adolescentes en un Centro a cargo del Sistema DIF estatal.
Jamás hubiéramos conocido, investigado ni sancionado los actos de autoridad sin la existencia de la CDHM. Y por eso su importancia, porque estas instituciones se han vuelto uno de los últimos espacios donde la ciudadanía puede confiar y defenderse de las violaciones de las autoridades. Por eso, la CDHM debe ser considerado como una institución fundamental dentro del equilibrio de poderes.
La intención de la Secretaría de Gobierno de obligar a renunciarlo con motivo del vencimiento de la licencia de notario es una clara práctica “chicanera” que deja entrever su intención de encontrar la forma de menoscabar la reputación y los trabajos de la Comisión.
No debemos permitir que la CDHM sea un blanco franco de ataques de ningún gobierno, nos corresponde como ciudadanos defenderlo y cerrar filas del lado de este organismo autónomo.
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