Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno –la transparencia- y seguimos topándonos con el muro del oscurantismo de lo que nuestros supuestos representantes –tanto en el gobierno como en los congresos- dicen hacer en nuestro beneficio.

Uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos, tanto en el caso de la representación como en el de la democracia, es la imposibilidad de evitar que las élites políticas induzcan el resultado de las políticas gubernamentales, tomando decisiones de grupo bajo la argumentación de que se trata del beneficio de las mayorías.

La élite política genera hace meses, un conflicto de narrativa entre el presidente y los miembros del poder judicial de la Federación que, sin duda ha jugado el rol (correcto) de ejercer como un efectivo contrapeso a las reformas pretendidas por el lopezobradorismo que, utiliza el presupuesto del PJF para apretar su funcionamiento, a falta de una salvaguarda en la Constitución que le provea del piso presupuestal mínimo del gasto programable del gobierno federal para funcionar que, de acuerdo con Naciones Unidas es del 2% y, hay entidades como Jalisco que si contemplan en su orden jurídico esa salvaguarda. De acuerdo con la organización México Evalúa, en países de nuestra región se destina por ejemplo en Brasil, el 0.8 % en Colombia y Perú el 0.7% para su rama judicial. En México el monto es de 0.4%.

En lo cualitativo, el poder judicial de la Federación no ha ejercido una defensa adecuada a la campaña de ataques del presidente y, también ha errado en su estrategia para relacionarse con el poder legislativo, lo que ha generado la delantera del presidente desde su conferencia de medios ganando (por ahora) la conversación. Ahora bien, los dos temas relevantes en torno al PJF son los fideicomisos y su presupuesto que, deben defenderse con la presentación de datos duros y de cara a la nación, con transparencia. Esa defensa debe ser jurídica y acompañada de grupos sociales para demostrar de modo efectivo que AMLO va contra la Constitución, la ley y los Derechos Laborales de los trabajadores del PJF, al pretender desaparecer los fideicomisos de la rama judicial.

En el rubro de la seguridad, está vinculada con los derechos humanos de las víctimas que, exigen o bien seguridad o compensaciones.

Ayotzinapa es el caso más ejemplificador con una fiscalía sin resolver, un ex subsecretario (Encinas) sin resultados y AMLO con la conversación de que él encabeza ahora la investigación del caso. El presidente buscará llegar a su ocaso sexenal sosteniendo su narrativa fracasada por la vigencia de las desapariciones, los homicidios en espacios públicos, la tragedia de los migrantes y un largo etcétera. Así, el mandatario mexicano endurece su distancia con los grupos sociales que lo respaldaron para acceder al poder. Es el contexto en que cierra el sexenio lopezobradorista, con un respaldo al presidente por una parte de la sociedad y otra (mayoritaria) que, reconoce el fracaso de su estrategia de seguridad no sólo por la insatisfacción social, sino por el cúmulo cotidiano de tragedias contra la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Del Tintero: Es el incentivo perfecto para cambiar la lógica electoral del resultado de las elecciones del año próximo por la política de (in) seguridad como la tragedia cotidiana que padece la sociedad.

Facebook/LinkedIn: Daniel Adame Osorio.

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