Por Paola Perea Nuñez y Dafne Militza Leyva Cortés
Durante el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se implementa un nuevo modelo, impulsado por el gobierno federal a partir de la reforma educativa atraves de la ley general de la educación, durante el ciclo escolar 2021-2022, el cual lleva el nombre de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), y tiene como objetivo reconocer que en la vida escolar hay personas de diferentes pueblos, grupos y comunidades, con diferentes condiciones de salud, migración, orientaciones sexuales, identidades de género y estilos de vida; donde se expresan lenguas de diversos grupos étnicos, con preferencias culturales y políticas distintas.
La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, tal es así, que es un derecho irrenunciable y la ley en materia de política educativa, juegan un papel crucial en la configuración y el desarrollo del sistema educativo. La relación entre estos es muy estrecha, por lo cual impacta directamente en la calidad, accesibilidad, equidad e igualdad.
La política dirige y tutela las principales rutas que rigen al sistema de un país, por ende, tienen un impacto significativo en el quehacer de las instituciones educativas, sus responsables en el área de gestión y su plantilla docente, entre muchos otros entes implicados.
En este mismo orden de ideas, las políticas públicas en educación, se entienden como: los acuerdos entre los distintos actores que intervienen en el procedimiento educativo nacional y que son regidos, monitoreados, supervisados, y coordinados por el Estado en la esfera de su competencia.
Por lo anteriormente expuesto, este tópico suele ser una prioridad en las agendas de muchos gobiernos, ya que su papel es crucial en el desarrollo económico, social y cultural de un país, tienen la capacidad para determinar los recursos asignados a las escuelas, la formación y remuneración de los docentes, el contenido del currículo nacional y las oportunidades de los estudiantes para acceder a una educación de calidad, de la cuál, el gobierno es garante.
En nuestra opinión, la política tiene un impacto significativo en la formación y las condiciones laborales de los docentes, porque deberían promoverse iniciativas de ley, para mejorar los salarios de los docentes frente a grupo, que, si bien es cierto, escogieron esta profesión por vocación, no debería ser un sacrificio, económico, familiar, emocional, de dignificación, etcétera.
Si las figuras del gobierno federal, analizan a conciencia estos puntos, no habría tanto docente enfermo de Burnout, ni docentes desmotivados, incluso los maestros serian vistos como entes de respeto ante la sociedad.
Así mismo resulta incongruente, el decreto emitido por la SEP, que en el acuerdo número 11/06/22, por medio del cual se prohíbe reprobación de alumnos de primaria y secundaria, no desde una perspectiva punitiva, si no porque está comprobado, mientras más facilidades y libertades se les dan a los estudiantes de hoy día, más se albergan a la ley del menor esfuerzo, con ello, lejos de lograr que los estudiantes se motiven, permea todo lo contrario, los índices de rezago y deserción son mucho mayores.
Resulta ofensivo que la ley general de educación marque lo que antes eran vacaciones de verano, como “receso”. Este es un claro ejemplo de política educativa, sin duda tanto SMSEM como SNTE, tiene la función de tutelar los derechos de los trabajadores de la educación, pero predomina el tinte político.
Por otro lado, el currículo escolar y el contenido pedagógico, son otras áreas donde el influjo es evidente, las decisiones sobre qué se enseña y cómo se enseña pueden reflejar las prioridades y valores de los gobiernos en el poder, no el del alumnado.
En algunos casos, esto puede llevar a la inclusión de ciertos temas y a la exclusión de otros, lo que resulta controvertido. Es importante que las decisiones curriculares se basen en evidencia y en las necesidades educativas de los estudiantes, más que en intereses políticos.
En definitiva, el principio de "educación para todos" implica que ninguna niña, niño o joven debe ser excluido del sistema educativo. El Plan Nacional de Desarrollo, entre sus líneas de acción tiene como objetivo, actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica con el fin de que las autoridades educativas Estatales dispongan de los parámetros necesarios y precisar estándares de gestión escolar para optimizar el desempeño en los planteles educativos.
La interacción en comento, no está exenta de desafíos, esta, puede ser influenciada por cambios en el gobierno, intereses partidistas y presiones de diversos grupos. Sin embargo, también presenta oportunidades para mejorar y fortalecer al sistema, así como fomentar la innovación, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías, metodologías de enseñanza y programas de desarrollo profesional para los docentes.
La mejora continua debe ser un objetivo central, para asegurar que se cumplan las necesidades versátiles de la sociedad, en donde la participación de la ciudadanía, es fundamental para asegurar que las decisiones reflejen las prioridades y aspiraciones de la comunidad. Los procesos democráticos y transparentes permitirán a los padres, estudiantes, docentes y otros actores involucrados a contribuir con sus perspectivas y experiencias.
En conclusión, la política tiene una influencia profunda y duradera en la educación, desde la asignación de recursos hasta la definición del currículo nacional, cuyas decisiones moldean el futuro de los contextos sociales. El nuevo paradigma implica un esfuerzo colosal de toda la sociedad, para transformar a mediano y largo plazos las mentalidades, para fortalecer la participación de las comunidades y de las familias, como parte de una sociedad diversa y plural que debe coadyuvar para formar a las nuevas generaciones con principios de solidaridad, igualdad sustantiva, sexual y de género, así como de libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social.
Es eminente la vinculación entre estas dos dimensiones sociales, las cuales son inalienables esta es una reflexión cuya importancia impera en la medida, que el interés, por estudio de los procesos socio políticos, tanto de nuestro país como de todo el mundo.
PAOLA PEREA NUÑEZ es Doctorante en Planeación, Evaluación y Gestión Educativa, por el Centro Universitario Humanista en Educación (CUHE), además de Máster en Psicología Educativa, por la Universidad Bancaria de México. Actualmente es docente de nivel Primaria para los SEIEM.
DAFNE MILITZA LEYVA CORTÉS es Doctorante en Educación, por el Centro Universitario Humanista en Educación (CUHE), además de Máster en Ciencias de la Educación por el Centro Universitario Tzompanco Tepeyac. Actualmente es docente a nivel primaria.
