El próximo 30 de agosto se conmemora el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es por ello por lo que, quiero traer a la memoria a aquellas que son madres, muchas de ellas, jefas de familia, a quienes les arrebataron lo más preciado que tenían.
Cuántas mujeres, padres, hermanos, hermanas y familias enteras perdieron el sentido de la vida desde el día en que desaparecieron sus hijos, sus hijas, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas… Estoy segura que es una pregunta hueca que recrea la dolorosa escena de aquella despedida, esa que sin saber muchas de ellas, hoy recuerdan con tanta tristeza. Pues esa fecha cobra fuerza porque fue la última vez que estuvieron frente a sus familiares más queridos.
La historia de Rufina Vázquez Bahena, es uno de los miles de relatos que quedaron archivados en la Fiscalía del Estado de Morelos.
Era 7 enero del año 2012, cuando Rufina interpuso una denuncia ante la institución de justicia, su hijo, Omar Aparicio Vázquez salió de su domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, sin dejar rastro. Desde aquel instante, jamás se tuvo alguna pista del paradero del joven de 27 años.
Sin embargo, en noviembre de 2014, un hecho inhóspito atrajo la atención de los medios de comunicación del mundo entero. La aparición de unas fosas clandestinas en el cementerio de Las Cruces, situado en la comunidad indígena de Tetelcingo.
En ese predio, la Fiscalía enterró al menos 117 cuerpos no identificados o sin reclamar por algún familiar.
Durante ese periodo, Morelos era gobernada por el perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Un mandato que destacó por la corrupción y la poca disponibilidad por ejecutar acciones de imparcialidad.
De los resquicios de la memoria
Amable lector, tan sólo busque o indague en las publicaciones de titulares de aquel 2014, época en que se desató una oleada de denostaciones y la falta de seriedad hacia el grave descubrimiento de la fosa común o fosa clandestina ubicada en el poblado indígena de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos.
Cuando el exsenador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (ex militante del Partido de la Revolución Democrática), Fidel Demédecis afirmó “las fosas de Graco Ramírez”, más allá de lanzar injurias en contra del exmandatario, es triste que nuestros representantes populares no adviertan que la tierra de Zapata vive en total estado de indefensión. Algo que muchos políticos como diputados locales, federales o instancias oficiales hasta la fecha no lo tienen claro.
Hasta hoy, viven ensimismados en acaparar los reflectores, calumniándose unos a otros, echando culpas de lo que no hicieron o dejaron de hacer, y sobre todo aprovechando ese momento para abanderar historias que desde un principio nunca les interesó. En el caso de las fosas clandestinas, solo levantaron los estandartes de muchas familias morelenses que perdieron a sus familiares, para la foto del recuerdo.
¿Y dónde queda el dolor de quienes han perdido a un hijo, un hermano, un padre, un tío, un primo? ¿Quién ha volteado a preguntarles a ellos de qué manera se puede resarcir el daño, si es que acaso hay algún remedio, medicina o cura para tanta tristeza acumulada después de varios años frustrados en buscar a sus seres queridos? ¿Acaso el dinero que existe en un fideicomiso que brinda la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Morelos a las familias de personas desaparecidas podrá disminuir o reponer la vida de un familiar?
Cuando la señora María Concepción Hernández Hernández llegó al descubrimiento de estas dos fosas clandestinas en el cementerio antes mencionado, no llegó para destapar la cloaca de un gobierno y unas instituciones de justicia en pudrición, arribó ahí guiada únicamente por el calvario que padeció desde que su hijo Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fue secuestrado y asesinado al ser privado de su libertad el 24 de mayo del 2013.
Finalmente, encauzada en darle sepultura a su hijo, María Concepción Hernández logró que la Fiscalía de la Región Oriente de Morelos, exhumara el cuerpo de Oliver el 9 de diciembre de 2014. Exhibiendo la existencia de más de 109 cuerpos que desde entonces se encontraban ahí apilados.
A partir de esa fecha –vuelvo a repetir- esta madre de familia, María Concepción Hernández, vivió un verdadero martirio. Y es que esta mujer no sólo se enfrentó al dolor de la desaparición incierta de su hijo de ocupación comerciante, sino que también se confrontó con autoridades indolentes. Burlas de funcionarios como de la exsubprocuradora de la zona oriente, Liliana Guevara Monroy, así como de la ex titular de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira y otra larga lista de empleados de la Fiscalía Región Oriente, quienes sólo le dieron largas tratando de proteger a los probables delincuentes con licencia para ejercer cualquier atrocidad.
Pero con el caso de Oliver Wenceslao no sólo se destaparon las fosas donde fueron inhumados cerca de 117 cuerpos, también quedó en evidencia la improvisación y la serie de arbitrariedades que se fueron tejiendo tras esta terrible verdad que viven muchas familias mexicanas: Desapariciones forzadas. Complicidades bien pactadas entre altos funcionarios, omisiones y violaciones profundas a los derechos humanos.
Hoy los ojos del mundo tal vez ya olvidaron lo que pasó en la comunidad indígena de Tetelcingo, pero estoy segura que si escuchan hablar de esta localidad, no traerán a su mente las festividades o la cultura que ahí prevalece, sino más bien caerán en la cuenta, que ahí se encuentra aquel camposanto donde sepultaron a las personas que fueron asesinadas por el crimen organizado, células que en la actualidad nos han robado la tranquilidad.
Las Cruces, donde yace la huella de la memoria colectiva sobre los crímenes de lesa humanidad que quedaron contenidos en las fosas clandestinas de Tetelcingo.
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