La costumbre morelense de oponerse a proyectos de transformación y desarrollo económico, representa una suerte de conservadurismo que, paradójicamente, provoca la erosión de la actividad económica, de la cohesión social, y hasta del medio ambiente que se presume proteger. La declaración del premio Nóbel, Mario Molina, en torno a que la generación de empleos es importante, pero también lo es la conservación de la naturaleza es hasta obvia, pero debe ser bien entendida: los proyectos de desarrollo económico deben procurar siempre la conservación del medio ambiente, y para ello existen las medidas paliativas que se exigen a las empresas en los estudios de impacto ambiental antes de obtener licencias de operación. Cumplidas adecuadamente estas medidas, negarse a la operación de cualquier empresa pareciera una costosa necedad en comunidades con extraordinarios grados de marginación, como Tetlama o Huexca, cuyas oportunidades se retrasan o desvanecen de plano en aras de un conservacionismo absurdo. Porque es cierto que mineras, termoeléctricas, o para el caso empresas turísticas, deportivas, parques de industrias inteligentes, y otros proyectos han sido detenidos o cancelados en los últimos cinco lustros, por la oposición de grupos diversos de opositores cuya acción frenó las oportunidades de desarrollo de empleos, pero no el deterioro de los ecosistemas que decían proteger, tampoco ofrecieron alternativas para superar las condiciones de pobreza de las comunidades, fueron sencillamente negativas que subieron de tono hasta convertirse en irracionalidades, incluso cuando se presentaron todas las condiciones técnicas y legales para la implementación de casi todos esos proyectos.
Las experiencias de los inversionistas han sido terribles, según cuentan: en la etapa de investigación para el desarrollo de los proyectos, tratan de socializarlos y los líderes de las comunidades piden dinero y más dinero, alguien nos dice “hasta fiestas de quinceaños pagamos”, y cuando concluye esa fase y se niegan a seguir pagando para usar los recursos en la infraestructura requerida, vienen las oposiciones abiertas y activas contra los proyectos (privados o públicos), y la inversión debe cancelarse con pérdidas considerables para los empresarios que dejan la entidad y se instalan en algún estado donde tengan garantías suficientes. A veces ha ocurrido que incluso el gobierno estatal (pese a que las autorizaciones municipales y federales existen) se ha opuesto abiertamente a los desarrollos, el caso más reciente es el de Graco Ramírez contra la minera de Tetlama.
Las condiciones para el desarrollo de los proyectos debieran transformarse profundamente, el objetivo debiera ser la atracción de inversiones y la conservación del medio ambiente, ambas al mismo nivel, es decir, si la empresa cumple con los requisitos y garantiza que cualquier daño que provoque será recuperado, el Estado tendría que ofrecen las condiciones de protección necesarias para que esas inversiones se concreten. Hacer costumbre la pobreza, la bancarrota del estado, la quiebra moral de la sociedad, es un crimen.
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