La crisis de seguridad que vivimos en Morelos no se puede negar a través de un comunicado de prensa, como tampoco asegurar que no la hay sólo por decreto. Por eso ha sido importante, en un principio, que el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco haya reconocido que “hay un chingo” de delincuentes.
Lamentablemente en Morelos uno de los principales reclamos sociales es el de la inseguridad. Es por eso por lo que, en dos marchas ciudadanas, la sociedad civil ha expresado su inconformidad, particularmente por parte de grupos de feministas que demandan seguridad ante el incremento de los feminicidios.
Morelos enfrenta momentos complicados en materia de inseguridad porque se quiera o no, la entidad es un espacio, por diversas circunstancias, demasiado atractivo para la delincuencia, desde el ladrón “convencional” hasta los grupos organizados, aunque no necesariamente como consecuencia de la transición como algunos han señalado.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), a partir de que asumió funciones Cuauhtémoc Blanco Bravo, “se perpetraron 94 asesinatos; 84 en noviembre y 93 en diciembre; 187 de los 271 homicidios fueron dolosos; se contabilizaron 10 feminicidios; seis de ellos en diciembre; se cometieron 21 secuestros; cinco en octubre, ocho en noviembre y ocho en diciembre. Asimismo, en ese periodo se contabilizaron 4 mil 285 robos; la cifra más alta se dio en octubre, con mil 543 casos”. (La Jornada-Estados 28 de enero 2019).
Buena parte de la responsabilidad por la inseguridad la tiene también la falta de desarrollo social y económico que ha incidido y provocado que varios sectores de la población, como viene sucedido en todo el país, encuentren en la delincuencia una salida, sí; pero falsa.
Por ello es necesario tener un diagnóstico que nos permita precisar dónde se encuentran lo focos rojos o los puntos de riesgo donde actúa la delincuencia, pero también determinar dónde el Estado es responsable de la incidencia delictiva, sobre todo cuando no hay un plan de prevención del delito.
En este sentido es importante que el diagnóstico y las salidas las encuentre no sólo el gobierno estatal; debe ir acompañado de los gobiernos municipales, del gobierno federal y, de manera particular, de las organizaciones no gubernamentales que en Morelos han tenido una destacada participación en esta lucha.
Debemos hablar de que en la entidad estamos obligados a conjugar todos los verbos que nos permitan atenuar, en un primer momento, este grave problema y, posteriormente irlo resolviendo en la medida de los posible, porque afirmar que se acabará, sería demagogia pura.
Morelos como el resto de las entidades del país tienen en la Guardia Nacional, que fue aprobada recientemente por unanimidad en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, un apoyo fundamental a través de un mando civil de las fuerzas armadas para que éstas salgan a las calles en apoyo a las policías estatales y municipales.
Es preocupante sí, el incremento en los delitos denominados de alto impacto: el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo con violencia y el robo de automóviles, el incremento de los secuestros, como también de los homicidios dolosos, que ha llevado a Morelos al sexto lugar a nivel nacional con mayor índice de asesinatos.
La crisis de inseguridad en Morelos es una realidad que nadie ha negado afortunadamente, y reconocerlo es un paso importante, como relevante será que nos dejemos de confrontaciones; por el contrario, una de las salidas es sumar, no restar; escucharnos, dejar a un lado las vanidades, la grilla y actuar en unidad, acompañados del gobierno federal, y como ya decía, de la mano de las organizaciones no gubernamentales: La palabra la tenemos todos. La inseguridad, es asunto de todos.
