La prevención del delito y el acceso a la justicia van de la mano con la erradicación de la pobreza y la ampliación del acceso a servicios de salud, educación, agua y energía, para lograr el desarrollo sostenible, necesitamos contrarrestar los efectos desestabilizadores de la delincuencia y la violencia, con los esfuerzos de prevención del delito junto a las instituciones de justicia penal eficaces respaldados por los derechos humanos y esto en Morelos, debe ser una prioridad y una tarea de todos los que estamos involucrados en el desarrollo económico y social.
Como empresas, la victimización no es un problema público menor y el gasto que destinaron a medidas de protección contra la delincuencia ha sido de 49 billones de pesos (INEGI, 2018), Incluso es sorprendente el saber que las empresas sufren en ocasiones más delitos que los hogares; la incidencia, la prevalencia y la concentración delictiva a veces son mayores entre las empresas que entre los individuos y entre los hogares, de lo anterior se puede derivar fácilmente que los daños en general son notablemente mayores y las implicaciones sociales son marcadamente graves. Los delitos contra las empresas producen pérdida de ganancias por una disminución en la productividad, un incremento en los precios y en las primas de seguros, una mayor sensación de inseguridad entre empresarios y empleados, una pérdida de empleos por motivos de recorte de personal, y en ocasiones también implica el cierre definitivo de empresas o establecimientos, así como un recelo por invertir y expandirse. Cabe mencionar que las micro y las pequeñas empresas (las mayores empleadoras) son particularmente vulnerables a todos los efectos arriba mencionados y, en suma, la victimización de las empresas se puede convertir en una amenaza seria a la viabilidad económica del país, del estado y de los municipios.
El segundo delito más frecuente contra las empresas en el ámbito nacional es alguno cometido por un servidor público, es decir, uno relacionado con la corrupción, con alrededor de 1.35 millones de incidentes de este tipo sólo en 2017 y 2018, dicho de otra manera, los servidores públicos son un grupo de victimarios de la mayor importancia contra las empresas, naturalmente que las empresas también sufren gravemente de robos o asaltos de bienes o dinero, extorsión, robo hormiga, etc., pero son los delitos de corrupción o los cometidos por los servidores públicos, los que afectan a un mayor número de empresas en el país, no obstante, su notable variación entre años.
La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social en todo el mundo. Pero no se limita a robar dinero de donde más se necesita; conduce a una gobernanza débil, que a su vez estimulan los grupos delictivos organizados, frena el desarrollo al desalentar la inversión, lo que socava las instituciones y contribuye a la inestabilidad. Los grupos vulnerables son los que más sufren con los fondos públicos desviados y alejados de proyectos reales, cuantificables y, sobre todo, generadores de un bienestar que repercuta en su estabilidad social y económica, ante esto, el Banco Mundial estima que entre US $ 20 y US $ 40 mil millones se pierden en los países en desarrollo cada año a causa de la corrupción, imaginemos la cantidad en los países del tercer mundo.
Estoy seguro y cierto, que la sociedad debe de participar de manera más activa en el tema de la prevención, hoy, tiene mucha desconfianza de sus autoridades porque no sabe que estrategias o acciones está haciendo o ejecutando, si a esto le sumamos que la corrupción y la impunidad son la causa que provoca mayor molestia e impotencia a todos los sectores productivos, es urgente que trabajemos la sociedad civil en conjunto con el gobierno, en planes y programas que tengan como principio fundamental, la prevención del delito.
¡Que así sea!
