Junio es el mes del orgullo. Las marchas, las actividades culturales y recreativas y los foros de discusión forman parte de una agenda de visibilización de un grupo históricamente vulnerado: La comunidad LGBTTIQ+. Pero pensar en un mes es insuficiente cuando hablamos de la deuda histórica que se tiene con la comunidad; la agenda LGBT es un pendiente de los derechos humanos que en países como México aún no cumple las expectativas de igualdad.

Todavía hace unos meses en México estaban permitidas las “terapias de conversión” y todos los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, como si ser homosexual, bisexual o pertenecer a la comunidad fuera una enfermedad. El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dio por eliminada la homosexualidad del catálogo de enfermedades psiquiátricas, paradójicamente hasta hace no mucho había quienes prometían “la cura” para la orientación sexual no hetero, como si se tratara de una medicina mágica.

La discriminación, las injusticias, la violencia y la desigualdad con la que se trata a las y los miembros de la comunidad LGBTTIQ+ está enmarcada en el discurso de odio que se promueve desde las tribunas públicas, que se materializa en el freno institucional que se pone a políticas públicas y que se gesta desde lo público para permear en la esfera privada. Por eso es tan relevante hablar del avance que significa para la agenda de derechos la reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como Ecosig, porque en definitiva estas prácticas forman parte del fortalecimiento de un discurso segregador que ha limitado el avance no sólo de los derechos de la comunidad sino de la asimilación cultural de la diversidad.

Una de las deudas más grandes que tiene esta sociedad con la comunidad LGBTTIQ+ siguen siendo los crímenes de odio que a su paso trastocan una historia de discriminación que no hemos podido erradicar, sin embargo, todo se ciñe a la falta de voluntad de quienes toman las decisiones primero, para garantizar a las personas de la comunidad los derechos más importantes: el de la vida y el de la libertad, y después para generar las condiciones de igualdad para todas las personas.

El contexto político y también el social en nuestro país son predominantemente discriminatorios con las personas de la comunidad, no es un mito sino una realidad cada vez más absurda que las personas LGBTTIQ+ no están igualmente integradas en rubros como el laboral, el político o el económico, resultante pues de un país conservador, de una democracia que aún no termina por reconocerse plural y finalmente de un Estado que sigue cimentado en minorías y mayorías y no en sociedades pluri dimensionales en las que la diversidad juega un papel igual de importante que cualquier otro grupo de la sociedad.

7 de cada 10 personas que se asumen de la diversidad sexual han reconocido haber sido discriminadas en sus espacios laborales o en los ambientes económicos en los que se desenvuelven, lo que hace todavía muy notoria la falta de trabajo respecto de temas esenciales para lograr condiciones de igualdad o cómo se dice: todos los derechos para todas las personas.

La comunidad LGBTTIQ+ no representa una minoría, representa un grupo de la sociedad a la que el Estado tiene que garantizarle todas las condiciones para su desarrollo libre, seguro e igualitario. Los avances han sido lentos y dolorosos, en la lucha por la reivindicación de los derechos de la comunidad se han quedado muchas vidas en el camino. Urgen tomadores de decisiones a la altura de los retos de la agenda que entiendan la defensa de las libertades individuales como un logro colectivo y que se sumen a construir un país en el que quepamos todas, todos y todes.

Pd: Porque el orgullo de ser quien seas nunca más vuelva a representar un peligro. Vamos a luchar desde donde estemos porque todas las personas tengamos el derecho de ser sin restricciones. ¡A mucho orgullo!