En los países más desarrollados del mundo, la información biométrica y las bases de datos personales se convierten en una herramienta eficaz para la prevención y por supuesto el combate de la delincuencia, incluso son de vital ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas, los esfuerzos institucionales para la prevención de fraudes y en general, de muchas actividades que abonan al desarrollo armónico de una sociedad, insisto, desarrollada.
Desafortunadamente no todos los países están preparados con mecanismos que regulen de manera segura el manejo de datos que claramente exponen la intimidad e información más importante de las personas; este es el caso de México, en donde de por sí la ciudadanía se siente vulnerada por la falta de credibilidad en muchas de las instituciones públicas en las que hoy, con la nueva ley de Operación de los Registros Civiles, que determinó facultad para la Secretaría de Gobernación de diseñar y administrar un Sistema Nacional para la concentración de datos biométricos y personales de las y los mexicanos recaerá dicha información, eso sin contar la evidente confusión entre facultades y objetivos del registro nacional de población y los registros civiles
Independientemente de lo favorable que resulte que se garantice a través de esta ley el derecho de todas las personas a ser registradas después del nacimiento, lo que llama la atención es el diseño poco estructurado de lo que se ha denominado como Sistema Nacional de Registro de Identidad y que vulneran no sólo la constitución en torno a la intromisión del legislativo en la organización de los registros civiles, sino el derecho a la identidad de las personas, dicho de otro modo, al no dejarse en claro cuáles podrían ser las finalidades específicas de la concentración de estos datos, siendo esta una de las situaciones más delicadas para las personas, ¿cómo podemos saber que en un régimen en el que se ha comprobado el espionaje, la intimidación y el uso de información confidencial, estos datos no serán mal utilizados para fines ajenos a los de llevar el control de la seguridad de la propia ciudadanía?.
Poner a las y los mexicanos en un estado de vulnerabilidad tan grande frente a las estructuras del Estado no puede ser el ideal a perseguir a la hora de legislar, por el contrario, debe garantizarse que cada proyecto de ley está pensado para proteger y garantizar los derechos de las personas, y esta ley no corresponde a dicha máxima. La secretaría de gobernación no garantiza un control absoluto de los datos e información de las personas. Claro que es cuestionable esta iniciativa cuando prevalece la incertidumbre sobre la objetividad institucional; es de tener cuidado cuando un dictamen como este se vota precisamente desde la mayoría aplastante de un régimen autoritario, sin justificaciones sustentadas ni en la ley ni en la experiencia y mucho menos en el interés superior de la ciudadanía.
Hay que tener cuidado, esa es la consigna obvia, porque hablamos de perder toda privacidad, de entregar lo más íntimo a un gobierno abiertamente opresor y autoritario. No podemos aceptar de ninguna manera ni avalar este proyecto inconstitucional pues se están violentando nuestros derechos a la privacidad y a la seguridad. Los riesgos del uso indebido de nuestra información personal son altos y la garantía a la identidad debe hacerse sin divulgar nuestros datos ni ponernos en estado de indefensión frente a las instituciones. El margen para que algo salga mal es muy grande y estamos hablando de as vidas expuestas de millones de mexicanas y mexicanos no solo frente al poder sino eventualmente en manos de quienes puedan hacer el peor de los usos.
Aún así el PRI y Morena (el chulísimo PRImor) parecen tener como causa que el gobierno se convierta en el gran hermano y tenga el control absoluto de las vidas de las personas sin claridad, y con oscuros intereses. Así las alianzas contra natura del régimen que ponen en evidencia sus prioridades.
PD: Nadie sabe para quién trabaja. Mientras las colectivas feministas buscan condiciones para resolver la terrible vulnerabilidad de las mujeres frente a las violencias, en el congreso del estado una comisión poco operante decide si el crimen de Ariadna Fernanda es o no un feminicidio, desde una óptica no sólo ignorante sino insensible. Ver para creer e indignarse.