Hace unos días nos estremeció profundamente el terrible asesinato de Milagros Montserrat en el estado de Guanajuato, las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un individuo la asesinó a puñaladas sin nadie alrededor para auxiliarla, a plena luz del día y cuando la víctima se dirigía a trabajar, precisamente en el día de su cumpleaños número 40.
El asesinato de Milagros muy probablemente habría pasado desapercibido si las cámaras no hubieran estado o si los vecinos no hubieran alertado más tarde del paradero del asesino, a quien hoy debemos llamarle feminicida porque esa es la pena que se merece este hombre y todos aquellos que ven en las mujeres a sus víctimas más “débiles” y fáciles de someter.
En México se han registrado desde hace 4 años más de 4,000 feminicidios, estos en cifras oficiales, mientras que las cifras negras nos arrojan alrededor de 7,000 mujeres que han sido ultimadas bajo este tipo de delito y que hasta hoy no han encontrado respaldo en un sistema que a pesar de llevar 30 años conceptualizando el feminicidio no ha logrado allanar lo suficiente el camino para que la víctimas y sus familias reciban justicia.
Los protocolos de actuación ante el feminicidio son poco considerados y ante la premisa básica del homicidio se clasifican mucho menos feminicidios y por tanto se reducen las penas y se desvalorizan los esfuerzos por lograr justicia con perspectiva de género en un país en el que las desigualdades no sólo son notorias sino estructurales y enquistadas en lo más profundo del imaginario social.
Con la tipificación del delito, la creación de protocolos y la atención a familias de las víctimas debió venir también el trabajo articulado de las autoridades y tomadores de decisiones, no obstante a más de 3 décadas de visibilizar una realidad tan dolorosa como la del feminicidio y de lograr estos avances, el tema sigue siendo el mismo, la nula capacidad institucional producto de los recursos escasos que se designan a temas específicos de violencias contra las mujeres, poca o nula sensibilidad de las y los tomadores de decisiones y sin lugar a dudas la violencia institucional arraigada que no ha permitido que se avance con mucha más agilidad.
Los feminicidios en México son un cancer que se expande y que no podemos permitir que se siga normalizando. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias más allá de una ley que lo enuncie, sino a través de acciones específicas dentro de la política pública y el presupuesto; tenemos derecho a salir a las calles con la certeza de regresar a salvo a casa, y para eso debemos concentrar los esfuerzos en la prevención de las violencias pero también en la justicia pronta y con perspectiva de género. El flagelo de las desigualdades alcanza su punto máximo en las violencias feminicidas, a las mujeres se les violenta al grado de asumir que sus vidas valen menos que las de los hombres y muchas veces, desafortunadamente, ese pensamiento se replica en las instituciones que no ven como importante la clasificación del feminicidio y el seguimiento de los protocolos.
De ahí que Milagros Montserrat hoy se convierta en un faro para las miles de mujeres a las que se les ha asesinado dos veces, primero por su agresor y después por las instituciones que han permitido los vacíos para hacer justicia para todas.
El feminicidio es una enfermedad que está consumiendo a nuestra sociedad y parte esencial de la cura está en reducir las desigualdades a las que nos seguimos enfrentando las mujeres. Ese es el reto de quienes hoy toman decisiones.
Pd: Las violencias de género no están nombradas así para “favorecer” a las mujeres, sino para visibilizar que se dan por la percepción patriarcal de debilidad e inferioridad del género, algo que claramente debe cambiarse en el imaginario colectivo si queremos evolucionar el pensamiento y abrazar a la igualdad.
