Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio por terminada la controversia respecto del fuero del fiscal general del estado de Morelos; Uriel Carmona Gándara, según resolvió el máximo tribunal constitucional del país, el fiscal no puede ser procesado por la presunta comisión de delitos federales sin antes pasar por un juicio de procedencia, esto porque cuenta, como titular del órgano, con la inmunidad que representa el fuero constitucional.
El fiscal Morelense, según la resolución como todos los fiscales estatales está protegido por el artículo 111 constitucional, por lo que lo ocurrido el día viernes 4 de agosto representa un desacato al mandato de la corte por parte de la Fiscalía General de la República, pero sobre todo, representa la terrible posibilidad de que la detención no esté motivada por un legítimo interés por la justicia sino por revanchismos políticos. No obstante lo anterior, el fiscal ya ha sido vinculado a proceso y Morelos y las y los morelenses hemos quedado en una situación de indefensión frente al vacío que se está generando.
Y no nos equivoquemos, será el fiscal quien en su momento deberá rendir cuentas sobre los hechos que se le imputan, porque además de graves, representan lo más terrible de la corrupción enquistada en las instituciones; pero por más que las acusaciones sean de un nivel de gravedad como la supuesta obstrucción en la investigación del femincidio de Ariadna Fernanda, el cuidado del proceso deja mucho que desear y eso tampoco se puede pasar por alto en un país que hoy está supeditado al régimen, mismo que no sería la primera vez que utiliza el aparato para violar los procedimientos con la balanza inclinada hacia sus aliados.
La situación que se vive hoy es por demás alarmante porque representa también uno de los vicios más arraigados en el ejercicio de lo público: el uso político de la justicia, y lo digo a dos vías porque hoy al calor de la polémica que genera la detención hay actores políticos muy concentrados en defenderla o atacarla, pero tomando postura en una situación por demás delicada que merece ser analizada a profundidad por lo que implica no sólo para la gobernabilidad y estabilidad del estado sino para las víctimas.
El caso por el que hoy el fiscal (o ex fiscal si consideramos la prisión que ya se le ha dictado) está siendo privado de su libertad ha sido visible al ojo público y un conflicto por demás conocido entre la fiscalía de la ciudad de México y la de Morelos, que desde Octubre del año pasado protagonizaran múltiples señalamientos entre las partes de corrupción, obstrucción de la justicia e incluso encubrimiento, hecho por el cual se denunció al fiscal morelense frente a la Fiscalía General de la República; entre controversias promovidas por el funcionario morelense y la resolución de la suprema corte, hoy hay prisión para el ahora sujeto conocido como Uriel “N” quien tendrá que demostrar que los hechos que le imputan no corresponden a la verdad o bien, buscar ampararse frente al viciado proceso mediante el cual fue aprehendido. No podemos dejar de ponerle atención a este tema porque muy probablemente desde el gobierno del estado ya se esté pensando en la terna para elegir titular de la fiscalía general de Morelos y esa situación es precisamente cómoda para el gobernador, a quien le cae como anillo al dedo esta lamentable situación para la ciudadanía de Morelos.
PD: No se debe defender lo indefendible jamás, pero sí la ley y lo que la constitución mandata, máxime cuando en este país desde hace unos 5 años el régimen ha decidido quebrantarlas a su antojo. La justicia para ser justa debe ser “derecha” y más en un país donde los millones de víctimas no la obtienen. Que no se utilice la justicia para hacer política ni la política para quebrantar la justicia.
