El bloqueo en la Siglo XXI fue retirado y con ello, el conflicto ha sido resuelto en 11 de los ejidos en protesta, faltaría el de Jojutla, cuyos problemas parecen más de índole interna que jurídicamente solubles. Durante muchas semanas, los funcionarios de la SCT dieron largas a las demandas justas de los once ejidos que no habían recibido pagos por liquidación y ello provocó afectaciones millonarias no sólo a la empresa concesionaria de la autopista, Pinfra, sino también a miles de transportistas y automovilistas que vieron afectados sus tiempos de recorrido.
El problema originado por la indolencia o el burocratismo de la SCT cuya tardanza en atender las demandas de indemnización de los ejidos ha sido de escándalo, se tradujo en un desgaste político innecesario para los gobiernos federal y de Morelos, y también en un impacto económico aún no determinado, pero que representará, seguramente, muchos millones de pesos que, a final de cuentas, tendrá que pagar el gobierno federal.
Los funcionarios de SCT fueron responsables de prometer a los campesinos la firma de convenios de indemnización que tardaron casi un año en concretarse (se pagará hasta marzo), y con ello provocaron la ira campesina que llevó a los bloqueos y concluyó con el compromiso del 2 de enero entre la SCT y los ejidos para el pago a los ejidos. Esos bloqueos pudieron evitarse si los funcionarios menores hubieran enterado a sus superiores de la situación, si les hubieran advertido de los efectos que la falta de acuerdos con los ejidatarios podrían tener. Pero no fue así, si hacemos caso al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, el funcionario no estaba enterado del conflicto (cosa rara en tanto fue profusamente difundido, por lo menos desde el 12 de diciembre que fue el primer bloqueo), entonces tendría que haber cambios profundos en la comunicación interna de una secretaría que prefirió ignorar las peticiones campesinas durante todo el período vacacional de diciembre. Lo cierto es que, aparecido el secretario, el asunto se arregló en once firmas.
Faltará ahora el cálculo de la afectación a la empresa Pinfra y a sus inversionistas que suspendieron la operación de la vía por causas ajenas a ellos. Con ello, la SCT tendrá que iniciar el proceso de revisión de los daños, reconocerlos, cuantificarlos, y compensar a la concesionaria hasta con la extensión de la concesión que fue lograda en el 2013. La noticia es relevante en tanto entre los inversionistas de Pinfra se encuentran diversas administradoras de fondos para el retiro, que consideran la inversión en infraestructura de comunicaciones como una apuesta más o menos segura para alcanzar buenos dividendos para sus ahorradores. Pinfra se convirtió en interesante para los inversionistas de fondos de ahorro, pensiones y retiro, porque sus 18 concesiones para autopistas y una terminal portuaria, lo que la coloca como una de las principales empresas en el ramo y garantizaría una inversión segura siempre que la práctica de constantes bloqueos de tramos carreteros por cuestiones políticas no continúe extendiéndose en área y tiempo de protesta.
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