Pensar en el Estado laico como un constructo antirreligioso es una trampa absoluta en tanto el ateísmo es también una religión desde la perspectiva eminentemente lógica, negar su existencia es una forma de relación, de liga, con Dios. En todo caso, pensaríamos que un Estado laico se constituye en un ente que mantiene independencia de influencias religiosas y eclesiales.
En lo profundo la práctica del absoluto laicismo podría ser considerada también como una imposibilidad en tanto las conductas humanas estarían dictadas por quiénes somos, y gran parte de ese ser está dictado por la relación que tenemos, como individuos, como grupos y como naciones, con la idea de Dios. Nadie considera que los conceptos políticos se conviertan en absolutos, pero un laicismo aceptable incluiría el considerar la esencia de las prácticas políticas separada de las religiosas. La principal ventaja del laicismo, además de las jurídicas, económicas y hasta sociales que pudieran anotarse es la necesidad de tolerancia, práctica necesaria para la convivencia social y para la democracia.
El grave riesgo de la religión es la idea de corrección que la envuelve, la doctrinaria certeza de que lo que uno cree es lo cierto y que todas las otras formas de pensamiento y de práctica social están equivocadas. Los estados laicos debieran estar, por definición, abiertos a la tolerancia, mientras los estados religiosos operan justamente de la forma contraria, por la ferocidad de la imposición de ideas y conjuntos de creencias como certezas absolutas que enfrentan a pensamientos incorrectos y por lo mismo condenatorios. El reino de Dios en la tierra es una concepción profundamente peligrosa si alguien cree que sabe exactamente lo que Dios quiere.
La Senadora de Morena María Soledad Luévano Cantú, presentó una iniciativa que pretende modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para eliminar la separación entre el Estado y las iglesias, permitir la omisión de responsabilidades civiles por motivos religiosos, la transmisión de mensajes de promoción y culto religioso a iglesias a través de cualquier tipo de medio de comunicación, la colaboración del Estado y las iglesias en acciones de desarrollo social, entre otros puntos que incluyen, por cierto, la validación oficial de los estudios de ministros de culto por la Secretaría de Educación Pública. La propuesta, ya turnada a comisiones ha generado un rechazo enorme y se ha convertido en el escándalo de esta semana.
El problema se agrava por la percepción de muchas personas de una presunta intromisión excesiva de evangelistas en la vida política de México, a la que buscarían influir y hasta determinar. El problema, según se entiende en los defensores del laicismo, radica en legalizar esa intromisión que imposibilitaría su censura por medios legales, se trataría de la imposición de una colección de prácticas y restricciones a libertades y derechos que han mostrado, y debieran seguirlo haciendo, una tendencia a la ampliación.
No se trata de libertad religiosa sino todo lo contrario, es la búsqueda de imponer un credo desde los poderes públicos.
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