La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que inició el Tribunal Superior de Justicia de Morelos para obtener la tan llevada y traída autonomía financiera para el Poder Judicial de Morelos, cayó como balde de agua fría a varios de los grupos políticos que tenían fincadas sus esperanzas de operación política en la confección a modo de un Presupuesto 2022.
Es que el hueco financiero que deja ese 4.7 por ciento, que representa la autonomía financiera del Poder Judicial, equivalente a mil millones de pesos del gasto total programable del estado, no es un hoyito. Hasta este 2021, solo la mitad, es decir alrededor de 500 millones, es la cifra que se etiquetaba en ese rubro.
De primera, el Poder Ejecutivo que representa el gobernador Cuauhtémoc Blanco deberá definir qué parte de su trabajo político social -si es que existe- va a sacrificar. Para ello desde lo que se ve, tendríamos que comenzar a decir que obra pública no ha habido, por lo que en ese renglón el asunto seguirá igual o peor.
El campo, la educación y los grupos vulnerables, que apenas han caminado, también verán días complicados. Pero donde seguramente se sentirá el rigor de esos 500 millones que hay que sacar de algún lado, será en materia de seguridad donde las cosas de por si están para chillar; y en salud, que enfrenta de manera cotidiana graves carencias y que con cero margen de maniobra, también seguramente verá acentuadas sus deficiencias, en el contexto de la pandemia que no acaba.
De segunda, habría que anotar que el frente de alcaldes que está decidido a recuperar un cinco por ciento de sus Participaciones Federales va a tener que re diseñar su estrategia para conseguir el objetivo, ya que con 500 millones menos, el Gobierno del Cuau tiene ahora, más fuerza en sus argumentos para decir que no hay dinero de dónde apoyar: tenemos la voluntad de ayudar y cerrar filas con los municipios, pero la incapacidad financiera para hacerlo, dirá el de Tepito.
En tercer lugar, el Congreso y sus diputados ya deben estar viendo cancelada la posibilidad -si es que en algún momento la pensaron- de hacerse de recursos para posicionarse en la ruta política hacia el 2024. Además que ahora, se convertirán en receptores de las presiones de medio mundo, porque aunque el problema es de todos, es del Legislativo la facultad y obligación de modificar y confeccionar el presupuesto final, partiendo de la propuesta del Ejecutivo.
Y finalmente, todos aquellos operadores políticos, partidos y hasta diputados que tenían la esperanza de moverse el próximo año bajo el financiamiento del rasguño que bajo cualquier argucia le dieran al Presupuesto, también estarán pensando ya en este momento, cómo hacer para que esos sueños no se esfumen en el certero triunfo legal del Poder Judicial que de un año a otro, dejará las vacas flacas -si es que eso puede creerse- para proyectar a dónde dirigir las nuevas baterías.
Por supuesto será interesante observar, qué personajes políticos surgen o agarran fuerza en el círculo de poder que representa el Poder Judicial, donde seguro que se van a refugiar muchos o van a llegar oportunistas que incluso en este momento ya deben estar delineando un plan para aprovechar como se pueda, la nueva capacidad financiera de los tribunales.
Ni modo… nos hundimos jajaja.
