La historia nos ha enseñado que las reformas judiciales son momentos críticos en el desarrollo de las instituciones de cualquier país. Esto recuerda, por ejemplo, la situación ocurrida en Francia durante la Revolución Francesa. En 1790, tras el estallido revolucionario, se buscó democratizar la justicia, imponiendo la elección popular de jueces y estableciendo nuevos requisitos para estos cargos.
Si bien los cambios fueron presentados como un avance hacia una justicia más accesible, la politización y el control ideológico que se ejerció sobre los Jueces derivó en una percepción volátil. En su momento, fueron elegidos no por su conocimiento de la ley; sino por su lealtad al Régimen Revolucionario. Esta situación culminó en los Tribunales Revolucionarios (1793-1794), donde la justicia se convirtió en un instrumento de persecución política durante el Reinado del Terror. La lección aquí es clara: un sistema que prioriza la política sobre la justicia está destinado a convertirse en un campo de batalla para los intereses ideológicos del momento.
Como es sabido, el sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada crítica, impulsada por una reforma que promete transformar su estructura desde los cimientos. Con la aprobación de la Reforma Judicial en el Senado y su inminente promulgación, se perfilan cambios trascendentales que podrían redefinirá el futuro de la justicia en México. Pero, ¿estamos ante un genuino esfuerzo por profesionalizar la impartición de justicia; o se corre el riesgo de despojarla de su independencia y experiencia en favor de una lógica más política?
Los nuevos requisitos para ser Juez, Magistrado o Ministro, plasmados en la modificación del artículo 97 de la Constitución, han generado una ola de críticas y reservas entre juristas y actores del sistema judicial.
De acuerdo con el numeral citado, los requisitos para ser Juez de Distrito o Magistrado de Circuito son los siguientes: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Contar con título de licenciada o licenciado en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0 en la licenciatura, y de 9.0 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, tanto en licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de magistrada o magistrado de circuito, se requiere además una práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura; III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad; IV. Haber residido en el país durante el año anterior a la publicación de la convocatoria; y V. No haber sido titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo a la convocatoria.
Con su intención de democratizar el acceso al Poder Judicial mediante la elección popular de jueces, podría llevar a la errónea percepción de que cualquier persona con cierta preparación académica y apoyo electoral está calificada para ser Juez. Este enfoque, aunque aparentemente inclusivo, pasa por alto la naturaleza altamente técnica y compleja de la impartición de justicia. El hecho de que un juez sea elegido por el pueblo no garantiza que posea el criterio, la experiencia o el entendimiento profundo de la ley necesarios para tomar decisiones imparciales y justas. Ser juez no es un cargo que deba estar sujeto a popularidad o simpatías políticas, requiere una comprensión exhaustiva del Derecho, habilidades para interpretar la ley y una capacidad inquebrantable para actuar con independencia frente a las presiones sociales y políticas.
Si bien la Reforma Judicial tiene la intención de profesionalizar y democratizar el sistema, no podemos ignorar que su éxito dependerá de un equilibrio entre el mérito académico, la experiencia judicial y la preservación de la independencia. En última instancia, una justicia independiente, basada en el conocimiento profundo de la ley y en la experiencia real, es la mejor garantía para la estabilidad y la equidad en una sociedad democrática.
El desafío para México es garantizar que esta reforma no repita los errores del pasado, ni caiga en el espejismo de que una justicia más popular será necesariamente una justicia más justa. La verdadera justicia se logra cuando los jueces son libres para tomar decisiones correctas, aunque estas sean impopulares, y cuando se reconoce que la experiencia y la independencia son valores tan importantes como el mérito académico. De cualquier modo, la historia nos ha mostrado que la impartición de justicia no puede ser rehén de la política ni de los intereses de la mayoría; sino que debe basarse en principios sólidos que resistan las presiones del poder.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
