Doce horas fueron suficientes para que la Cámara de Diputados aprobara en lo general, con 359 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención, el dictamen de Reforma Judicial que ha levantado polvareda en el país. El salón de sesiones legislativo no pudo contener las tensiones que se desbordaron en los muros del Congreso, llevándose la votación al improvisado escenario de un gimnasio en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, Ciudad de México. Bloqueado el recinto por huelguistas del Poder Judicial, el espectáculo se trasladó a un lugar más propicio para los juegos deportivos que para el debate democrático.
Nadie niega que el Poder Judicial requiera cambios profundos que lo acerquen a las demandas de una sociedad cada vez más crítica de la corrupción, la ineficacia y la falta de transparencia en la impartición de justicia. Sin embargo, el contexto y la forma en que esta reforma está siendo impulsada generan más preguntas que certezas; y exigen una reflexión pausada, basada en el análisis crítico y el consenso.
Los motivos para reformar: Es evidente que el Sistema Judicial mexicano necesita ser reformado. Durante años, la ciudadanía ha expresado descontento con la justicia en el país, señalando problemas de corrupción, ineficacia y falta de acceso. La confianza en las instituciones judiciales es baja, y una reforma que busque transparentar sus procesos y hacerlos más accesibles a la sociedad es, sin duda, una prioridad.
Una de las principales justificaciones a favor de la reforma es la necesidad de hacer más transparente la función judicial, acercándola a la ciudadanía. El fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas para generar confianza en los jueces y magistrados.
Otro aspecto que ha sido señalado como positivo es la idea de democratizar la elección de jueces, sometiéndolos al voto popular. En teoría, esta medida podría incrementar la legitimidad del Poder Judicial, haciendo que sus integrantes respondan directamente a la sociedad.
Los riesgos de la precipitación: A pesar de los argumentos a favor, existen serios riesgos en la forma en que se está impulsando esta reforma. Uno de los principales temores es que el voto popular sobre los jueces comprometa la independencia judicial. La función de un Juez es precisamente ser un contrapeso frente a los otros poderes del Estado. Si su elección depende de las dinámicas políticas y de las urnas, existe el peligro de que sus decisiones se vean influidas por consideraciones electorales y no por un riguroso apego a la ley.
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia. Someter a los jueces a procesos electorales puede socavar esa independencia, haciendo que los magistrados se conviertan en actores políticos más preocupados por mantener su popularidad que por aplicar justicia de manera imparcial.
Otra consideración que genera inquietud es la falta de diálogo y consenso. La velocidad con la que ha sido aprobada en lo general por la Cámara de Diputados deja poco espacio para una discusión a fondo de sus implicaciones. Una reforma judicial de esta magnitud debe ser resultado de un proceso incluyente, en el que se escuchen todas las voces: jueces, académicos, abogados y sociedad civil. Un debate amplio y reflexivo es esencial para asegurar que los cambios que se introduzcan realmente fortalezcan el sistema y no lo debiliten.
Además, países como Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación, señalando que los cambios propuestos podrían poner en riesgo la estabilidad democrática y económica de México. En el marco del T-MEC, la independencia judicial es clave para garantizar la certidumbre jurídica que las inversiones extranjeras necesitan. Una reforma apresurada podría generar incertidumbre en los mercados y afectar las relaciones comerciales de México con sus principales socios.
Ahora el Senado tiene la palabra. El escenario está listo para una batalla legislativa que promete ser tan acelerada como controvertida. En el fondo, este no es sólo un debate sobre procedimientos o reformas; es una discusión más amplia sobre el futuro. Sobre si queremos un país donde las instituciones se someten a la voluntad de un gobierno; o donde la justicia, libre de presiones políticas, siga siendo el baluarte de los derechos ciudadanos.
La historia será el juez final de esta reforma. Pero hoy, mientras el reloj corre y las decisiones se toman con la premura del poder, no podemos evitar preguntarnos si lo rápido disimula lo mal hecho. Porque, al final del día, donde la justicia está en juego, la rapidez nunca será sinónimo de acierto; y lo que está en juego aquí no es una Reforma; es el alma misma de la justicia en México.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
