La delincuencia organizada de manera concertada y planeada realizó varios atentados en contra de comercios, incendio de vehículos, bloqueos… y hasta disparos indiscriminados en contra de empleados y clientes de esos comercios, en Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Michoacán. Varios diarios y noticieros presentaron los hechos como una situación de ingobernabilidad y quisieron conducir la discusión a dilucidar si era o no terrorismo, algunos de los especialistas en leyes, señalaron que esto calificaba jurídicamente como terrorismo. Me parece que esta orientación de la discusión es inadecuada. Yo había señalado aquí que esto podía ocurrir porque, a pesar de la estrategia del gobierno federal, la delincuencia organizada se había venido consolidando y fortaleciendo desde hace rato precisamente en varias de esas entidades y que se venía observando por el crecimiento de los indicadores de homicidios y otros delitos en las mismas, aunque hubieran faltado algunas otras entidades en este negro fin de semana, como Colima.
“La Conferencia de prensa, Informe de Seguridad” realizada en Palacio Nacional el 15 de agosto como respuesta a estos hechos nos informó, en voz del Secretario de la Defensa, lo que se ha hecho y la cantidad de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército principalmente mediante la Fuerza de Tarea Conjunta México, además de algunas posibles causas específicas, como la reunión de algunos líderes (que finalmente no fueron capturados) o pugna y motín generado en un Cereso por dos cárteles. Esto, según el funcionario, dio lugar a estos atentados como distractor.
El Secretario de la Defensa informa que se han enfrentado las situaciones de violencia con base a una estrategia integral derivada del Plan Nacional de Paz y Seguridad con las acciones, aprehensiones y aseguramientos de armas y drogas. Sin embargo, varios de los indicadores, como el de homicidios, creció en cada una de las entidades afectadas entre 2015 y 2021. Esto significa que la delincuencia organizada sigue fortalecida y lo que sucedió el fin de semana pasado fue una demostración de su fuerza, pero también un reto directo al Estado. Y una de las cuestiones que no se informa es que se ha hecho respecto de la corrupción y tráfico de poder político que estos grupos de delincuencia han seguramente realizado para apropiarse de varias instancias del Estado para seguirse actuando y fortaleciéndose. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS), el primer documento publicado por López Obrador aun como presidente electo, se reconocía esta situación: “Hasta ahora la política de seguridad reduce el fenómeno delictivo a los llamados delitos violentos y algunas expresiones de criminalidad organizada… la extensión y el poder de los grupos criminales sólo puede entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional… una de las condiciones para hacer frente a la inseguridad y la violencia es erradicar la corrupción, con lo cual los índices delictivos se reducirán en forma sustancial… eliminar el fuero; erradicar los paraísos fiscales… hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado.” (PNPS, 3-4) Esto se señala en el PNPS, pero en los informes semanales y en esta conferencia de prensa no se informa de ninguna de las acciones que se han realizado.
Además, en el propio PNPS se habla de una justicia transicional, “Es necesario emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores.” (PNPS, 11) pero al parecer no se ha emprendido ninguna acción ni se informa en estos informes semanales y mensuales. Desafortunadamente, como el caso de la corrupción sólo se hace un uso retórico de esta justicia transicional, sobre todo con aquella frase de “abrazos y no balazos” que simplemente, en contra de lo que el presidente cree, la ridiculiza, creyendo que es una especie de concesión generosa del presidente, cuando los procesos de justicia emprendidos en países como Colombia, intervienen entidades jurisdiccionales creadas ex profeso y hasta la propia suprema corte de justicia. Y a propósito de justicia, ¿Cuándo rinde cuentas la Fiscalía General de la República?
