Todo apunta a que, pese a la oposición de amplios grupos de la sociedad, la mina Esperanza Silver, en el poblado de Tetlama, empezará a operar en algunos meses con el aval del gobierno federal. Las declaraciones de la secretaria de Economía y Trabajo, Cecilia Rodríguez no ofrecen gran esperanza a los opositores al proyecto en tanto el compromiso de socializar la operación de la misma no incluye el freno a las operaciones de la misma que, mientras cumpla con la legislación en materia ambiental y muestre detonar el desarrollo para la región, estará garantizado por el propio gobierno estatal.
El problema es que cumplir las leyes en materia de minería en el país es relativamente sencillo, según advierte la UNAM, “en las comunidades se reportan fuertes impactos negativos por la minería, y a pesar de ello, el marco regulatorio, incluso de derechos humanos, no está a la par de la problemática”, señala en su comunicado DGCS-702 que recopila declaraciones de la investigadora Sol Pérez Jiménez, quien advierte “por esta industria hay tala excesiva de vegetación, pérdida de biodiversidad y perturbación del entorno, que van en detrimento del ambiente; en términos sociales, se persigue y criminaliza a dirigentes y defensores ambientales, hay desplazamiento forzoso de comunidades y aumenta la desigualdad y violencia… En el ámbito económico, hay marginación y se pierden actividades productivas tradicionales, como la agricultura. Todo ello sin contar las afectaciones a la salud de la población debido a la liberación de metales pesados”.
A través de sus personeros, la minera subsidiaria de la canadiense Alamo’s Gold, ha advertido de un nuevo proyecto para la mina que intenta explotar desde hace más de cinco años en Morelos; en él incluiría el cumplimiento de diversos objetivos de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, acciones para proteger las 130 mil hectáreas de áreas naturales protegidas de Morelos; inversión social, desarrollo de empleos, y en fin; prometedores cambios para los que invertiría 10 mil millones de pesos que, por cierto, no de contemplan en el proyecto ejecutivo de la mina que está a disposición pública en la página web de la empresa probablemente por tratarse de un nuevo proyecto de extracción que, sin embargo, sigue siendo a cielo abierto.
En un estado donde el medio ambiente se ha visto seriamente dañado por múltiples empresas extractivas (Huautla aún padece de los efectos de las minas cerradas hace muchos años, por ejemplo), la sospecha sobre las actividades de las mineras son racionales y hasta saludables. Para muchos investigadores, además, la minería no ha representado desarrollo para las comunidades, sino pobreza, explotación, desigualdad y ecocidio. Corresponderá a los empresarios mineros presentar la otra realidad, esa de sus nuevos proyectos que presumen sustentables y motores de desarrollo. Por lo pronto, el Environmental Justice Atlas aún advierte sobre los riesgos políticos y sociales que representa la oposición en contra de la minera, pero también los riesgos a la salud, el ambiente y los derechos humanos que conlleva el proyecto para la región; además de los previsibles daños a la zona arqueológica de Xochicalco, una de las más importantes y reconocidas del país.
Es difícil conciliar el desarrollo económico y la generación de empleos con el cuidado al medio ambiente, al paisaje y a los derechos humanos; por lo menos lo es con las industrias que conocemos desde hace siglos y que han costado tanto al planeta. Morelos ha intentado encontrar un modelo de desarrollo en la ciencia y las industrias de alta tecnología, entre muchas opciones para construir un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Apostar a las industrias que arriesgan el ambiente, y retirarse de actividades limpias, es una derrota anticipada e impermisible.
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