Probablemente el peor de los roles en el Ayuntamiento de Cuernavaca sea el que debe representar Carlos de la Rosa Segura. El abogado es probablemente el funcionario más cercano al alcalde José Luis Urióstegui y eso le otorga el beneficio de la total confianza, pero también el problema de soportar los cambios de decisión en una comuna que se atreve a decir, pero a la hora de hacer cede a las presiones de grupos de interés.
Hasta ahora, dos decisiones de alto calado anunciadas con toda firmeza por el Secretario del Ayuntamiento, han sido canceladas por el alcalde justo al día siguiente: el cobro de cuotas mensuales al comercio ambulante y la reducción de días de la Feria de Tlaltenango. Ambos anuncios, por cierto, eran bastante respaldados por la ciudadanía en tanto se apegaban el primero al derecho y la justicia, y el segundo a la prudencia sanitaria. Difícilmente se trataba de determinaciones que hubiera tomado Carlos de la Rosa sin consultar con su jefe, tampoco iban a ser sencillas de aplicar y eso lo sabían tanto el alcalde como su secretario y amigo. Sin embargo, a la hora de ejecutarlas el alcalde decidió conciliar primero y luego ceder a las presiones de los grupos que, aunque el propio Urióstegui dice que no pueden imponer su voluntad, en los hechos lo hacen.
Los tiempos que vive Morelos son de excesivo cálculo político, pocos gobernantes se atreven a ejercer el poder cuando éste puede significar un costo en simpatías presentes o electores futuros. Si esa conducta asoma en los planos federal y estatal, es mucho más notoria en los gobiernos municipales, donde las acciones son mucho más directas. José Luis Urióstegui quiere que Cuernavaca esté en paz para poder ejercer el poder, paradójicamente para alcanzar la paz en una ciudad tan desordenada como la que quiere administrar es imprescindible ejercer el poder.
Los amagos de manifestaciones tanto de comerciantes como de los beneficiarios de la Feria de Tlaltenango (que incluyen al ayudante municipal), parecen ser el motivo de reconsiderar la decisiones que el Ayuntamiento había anunciado y que, sin amagos de manifestaciones, muy probablemente eran apoyados por la mayoría de los cuernavaquenses. Porque el problema del comercio ambulante, con toda su complejidad, sigue siendo un motivo de descontento ciudadano. Los riesgos para los ciudadanos, los efectos perniciosos que tiene en el desarrollo económico, la sospecha de colusión con actividades criminales, y el símbolo de injusticia que significa el comercio informal son sólo algunas de las consideraciones del Ayuntamiento para promover la reubicación y regularización (en ese orden) de los comerciantes ambulantes.
Porque primero hay que garantizar que si mediante el pago de cuotas municipales los comerciantes adquieren derechos, estos deben ampararlos en sitios donde el riesgo de su presencia sea menor; y luego por supuesto, asegurar que en su actividad respetarán al máximo la ley.
La crítica al Ayuntamiento no debe centrarse en el diseño de una colección de políticas públicas para tratar el tema de los ambulantes. El problema, en todo caso, radica en la forma en que se amagó con aplicarlo y luego se retiró de la mesa como si quienes se dedican al comercio informal fueran dueños de las calles de Cuernavaca. Eso empoderó a las agrupaciones de ambulantes y debilitó al Secretario del Ayuntamiento.
Luego vino el retorcido asunto de la Feria de Tlaltenango, un negociazo para la ayudantía municipal que cobra por espacio 577 pesos diarios (6 mil 347 por los 11 días) lo que por 800 comercios que se instalarán significa un ingreso de 5 millones 77 mil 600 pesos. El argumento del Ayuntamiento era impecable, dada la contingencia sanitaria por Covid-19 y ahora también en atención a la viruela del mono, se reduciría el número de días en que estuviera instalado el tianguis que se coloca anualmente sobre la Avenida Emiliano Zapata frente a la Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. En lugar de once, serían sólo ocho días. No habían pasado 24 horas del anuncio hecho por Carlos de la Rosa cuando los organizadores amagaron con bloquear la avenida para imponer la feria de once días en las fechas anunciadas horas antes por el ayudante Alberto Michel Quecho. La respuesta del alcalde fue que ningún ayudante podría imponer su voluntad, pero que se acordaba que la feria se realizara exactamente los días que Alberto Michel Quecho dijo. Se empoderó a la imprudencia y debilitó al Secretario municipal.
El Ayuntamiento debe socializar más sus determinaciones, con ello podría lograr el respaldo social que anda buscando.
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