Hasta el momento de escribir esta columna, la reforma electoral de Morelos estaba lo bastante planchada para ser aprobada en una larga sesión nocturna en el Congreso local.
Los diputados se habían atorado en materia de la claridad en las acciones afirmativas, particularmente a favor de las comunidades indígenas. La diputada Macrina Vallejo defendió su posición que buscaba establecer muchos candados para evitar la simulación que se dio en el proceso electoral anterior donde cualquiera podía obtener constancia de pertenencia a alguna comunidad indígena. El exceso de candados era un aliciente para la corrupción de las autoridades que ofrecieran esas constancias, así que se llegó a un punto medio que intenta garantizar a través del código electoral local una vía para que los candidatos no simulen adscripciones a grupos vulnerables, indígenas, LGBT+, particularmente, y se logró un acuerdo parcial en la materia.
La reforma electoral propuesta se compone de dos elementos, modificaciones al Código Electoral para el Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal que buscan dar solidez y certeza a las acciones afirmativas, y reforma constitucional que incluye la ampliación del Congreso y cabildos para dar gobernabilidad al Legislativo y los Ayuntamientos. El primer apartado es sencillo, basta con el voto de la mayoría calificada de los diputados (14) para que sea remitida a su publicación; el segundo, tendría que pasar después por los cabildos y ser aprobada por dos terceras partes de los mismos, es decir, 24 ayuntamientos, lo que ya no es tan sencillo.
El lunes por la tarde se hizo circular un documento atribuido a 18 alcaldes bajo el membrete del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, que actualmente preside el alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo. En el texto, los ediles piden al Congreso realizar foros de consulta antes de aprobar las iniciativas en materia electoral para el estado de Morelos, asegurando que la población desconoce las mismas (algo que probablemente sea cierto pero no tanto por la secrecía de los legisladores como por la falta de interés de los ciudadanos).
La idea, según parece, no va en el sentido de rechazar lo que plantea el Legislativo con la reforma, sino aplazarlo tanto que no sea aplicable. La fecha límite para publicar modificaciones a la legislación electoral (incluidas modificaciones constitucionales en la materia es el 2 de junio), así que tiene sentido el que los diputados aceleren las discusiones y la aprobación de los ordenamientos y de que algunos alcaldes cercanos al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, hagan lo posible porque la discusión se alargue. Probablemente no tengan el control de sus cabildos.
La reforma electoral, en lo constitucional, sería frenada por los municipios bajo estos supuestos; primero, que los alcaldes aliados a Cuauhtémoc Blanco no consideren la conveniencia que significa la mayor gobernabilidad para el Congreso y sus cabildos; que la lealtad con el gobernador no se desgaste en función de las perspectivas de futuro electoral de los alcaldes y regidores (más candidaturas a diputaciones y regidurías significarían probablemente menos damnificados en la designación de esas candidaturas); que los alcaldes realmente controlan a sus cabildos y pueden inclinar la votación de una reforma constitucional.
Los tres supuestos, parecen lejanos. Conforme se acerca la elección del 24, al concluir este mes faltará sólo un año, la influencia del gobernador va disminuyendo, y el control que aspiraba tener sobre alcaldes y regidores por lo menos de Morena, se ve más lejano. Además, los diputados no están durmiendo en sus curules, es natural que operen con alcaldes, dirigentes partidistas, regidores, para garantizar que la reforma constitucional pasará la aduana de los cabildos incluso antes que la del Congreso mismo.
¿Habrá 30 diputados locales en Morelos a partir de septiembre del 2024? Todo parece indicar que así será. La atención que los diputados han mostrado a la construcción de consensos contrasta con la imposición de criterios de sus rivales políticos en el gobierno estatal. Toca a la ciudadanía verificar que el Congreso y los cabildos funcionen mejor sin costar más, aún si no crecieran en número de integrantes, pero mucho más si lo hacen.
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