Con los 300 efectivos del Ejército mexicano que llegarán la semana entrante a Morelos, el estado habrá sumado 850 elementos a tareas de seguridad solo en el último año. Los resultados de la presencia de más fuerzas militares en el estado podrían considerarse nulos. Los homicidios dolosos en el 2022 fueron más que en el año anterior, y los cometidos en el primer trimestre del 23 superan por mucho los registrados en el mismo periodo del año anterior. Los índices de delitos cometidos en el estado han aumentado, casi todos, de forma considerable en los últimos quince meses.
No se podría establecer una relación simple y directa entre mayor presencia militar y más violencia y delitos, pero tampoco resulta sostenible la idea de que ampliar el número de efectivos funcionará para inhibir la comisión de ilícitos o favorecerá a la construcción de la paz. Por ello preocupa que la apuesta del estado para fortalecer la seguridad pública sea la petición de refuerzos militares para una tarea que tendría que ser eminentemente civil. Mucho más inquieta que muchos alcaldes consideren que la presencia de más milicia contribuya en algo a la disminución de los delitos del fuero común cometidos en sus municipios.
Se trata, en todo caso, de contribuir a una percepción que tiene un bastante dudoso aterrizaje en la realidad. Hay un sector amplio de la ciudadanía que parece sentirse más protegido cuando los militares patrullan las calles, y la idea es fortalecer esa percepción aún a costa de la imagen del Ejército, sometida a desgaste en la medida en que su presencia no resulta en una inhibición real de los delitos por múltiples factores.
El aumento de elementos militares tiene por lo menos un efecto negativo al funcionar como un pretexto para que el gobierno estatal evite la revisión de una estrategia de seguridad que ha provocado la mayor violencia de que Morelos tenga registro desde el periodo revolucionario.
El programa de construcción de la paz de la actual administración fue presentado a principios del 2019. El 2018 había cerrado con 693 homicidios dolosos, una cifra que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco consideraba escandalosa y motivo suficiente para impulsar un cambio de estrategia de seguridad. En el 2022, se registraron mil 41 homicidios dolosos en el estado, 50.2% más que al inicio de la administración. En los primeros tres meses del 2023, según las cifras preliminares, se cometieron casi 300.
Desde el 2019, con un incremento de 31.5% en los homicidios dolosos cometidos en el estado, se advirtió de las fallas en la estrategia de capacitación. La respuesta no fue revisarla, sino culpar a los municipios de no hacer su trabajo y pedir apoyo a las fuerzas federales. Los cuatro primeros años de la administración de Cuauhtémoc Blanco, se ha repetido el ciclo. Hay más muertos, se culpa a los municipios por no apoyar y se piden elementos del Ejército y Guardia Nacional. Los resultados son el sostenido aumento de la violencia e inseguridad en todo el estado.
El problema de la seguridad pública comienza por los números, las policías municipales y estatal carecen de suficientes elementos para vigilar el territorio. El problema es previo a la actual administración, pero poco se ha hecho para revertirlo. La falta de interés de los jóvenes para incorporarse a la carrera policial, la falta de presupuestos para garantizar elementos suficientes con equipamiento y salarios dignos para su labor, el uso partidista y faccioso de la protección ciudadana, han profundizado el problema de número que coloca en desventaja a las policías frente los grupos delictivos. Pero tampoco ha habido un ajuste en el proyecto de seguridad pública para adecuarse a los recursos reales que se tienen.
La aparente “solución” tampoco es nueva, el ejército lleva un par de décadas en labores de seguridad pública y los resultados distan mucho de ser los deseables. La apuesta a la militarización aumenta el riesgo de violaciones graves a los derechos humanos, limita el interés y los presupuestos para fortalecer a las autoridades civiles de seguridad pública y evidentemente incumple el objetivo de disminuir la violencia. Mejorar la percepción de protección de algunos grupos ciudadanos está resultando extraordinariamente costoso para todos.
Evidentemente, pensar en el retiro absoluto e inmediato de los militares para dejar la seguridad pública en manos civiles resultaría en el desamparo absoluto de muchas poblaciones que quedarían aún más a merced de la delincuencia. Lo que resulta verdaderamente criminal es que no haya desde el Estado un proyecto para fortalecer a los órganos civiles de seguridad pública, perpetuando el problema enorme que significa la presencia de la milicia en esas tareas.
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