Las acciones afirmativas para que los grupos vulnerables tengan acceso al poder público son un acto de justicia, pero también de legitimación del Estado como una representación de la sociedad a la que gobierna, regula y protege. Los acercamientos al tema, sin embargo, habían sido hasta ahora por lo menos bastante rupestres pues la base de las mismas se establecía más por la presión de minorías activas que como una interpretación de la realidad social.
Por ello es digno de reconocerse el ejercicio que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana solicitó al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, para revisar el tema de los grupos vulnerables y evitar regulaciones que permitieran y en algunos casos hasta promovieran la simulación que sujetos no vulnerables hacían de condiciones de desventaja social.
En Morelos tuvimos todo tipo de simulaciones, quienes se disfrazaban de indígenas, de miembros de la comunidad LGBTI+; también hubo quienes simularon la postulación de mujeres que eran suplidas o controladas por hombres con quienes tenían relación familiar, afectiva o de subordinación. Así que el estudio sobre la realidad de personas en situación de vulnerabilidad de cada municipio, y de todo el estado (a veces la suma de las partes es menor que el todo), permitirá el diseño de criterios mucho más exactos para diseñar gobiernos incluyentes y representativos de toda la sociedad en donde todas las agendas ciudadanas sean consideradas por lo menos en la discusión, en el entendido de que la ejecución corresponde más a los gobiernos que a la mínima influencia que pueden tener en ella los órganos electorales.
Idealmente, el Congreso local tendría que ser un reflejo, lo más cercano posible a la realidad política y social que representa. Esto se ha logrado parcialmente por la vía de diputaciones plurinominales, aunque la reducción de 30 a 20 diputados trajo una dificultad matemática mayor para lograr la representatividad de las minorías y permite aún un grado amplio de sobrerrepresentación de los partidos más grandes.
Pero el Congreso difícilmente es un reflejo de la sociedad a la que representa y en la que, según el estudio del CRIM, hay un 2.1% de población afromexicana o afrodescendiente; un 13% de personas que se identifican como LGBTI+; un siete por ciento de personas con discapacidad; un 1.3% de morelenses residentes en los Estados Unidos; además de un 19.5% de la población que tiene 60 o más años; un 27% de entre 18 y 29 años. Si consideramos que cada diputación representa el cinco por ciento del total del Congreso, entonces cada grupo separado por la actual tabla debería tener el número de diputados que correspondiera a su proporción en la sociedad. Es decir, tendría que hacer 5 diputados (un 25% del Legislativo) de entre 18 y 29 años; 4 diputados (20%) de sesenta años o más; dos o tres legisladores tendrían que identificarse con la comunidad LGBTI+, y un diputado con alguna condición de discapacidad limitante. Es evidente que el Congreso de Morelos no está conformado así, a pesar de los esfuerzos enormes hechos desde el órgano electoral y las organizaciones ciudadanas, y la resistencia cada vez menos dura de los partidos políticos.
Por cierto, ampliar el Congreso a 30 diputados, como pretendió la actual legislatura, haría más sencilla la inclusión de otras minorías cuya proporcionalidad se acerca al 3%. Y llevarlo a 40 legisladores permitiría incluir a todas las que alcanzaran el 2.5 por ciento, fueran sociales o políticas. Pero para considerar eso faltan al menos dos años.
Con los datos actuales, el Impepac tendrá más elementos para establecer los lineamientos de postulación a candidaturas a casi todos los cargos de elección popular que se disputarán en el 2024 (es obvio que en el caso de la gubernatura, al ser unipersonal, la única cuestión que podría establecerse como lineamiento es de paridad de género). Sin embargo, tratándose de cargos de elección popular, podría resultar que los resultados aún no logren que la representación del Congreso y los ayuntamientos sea un espejo fiel de la realidad de las comunidades y del estado. Ese es el reto, cómo hacer que la representación de los grupos vulnerables sea votada por los electores. No es sencillo sin imponer algunos parámetros.
@martinellito
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