Después de cinco años de administración de Cuauhtémoc Blanco, pareciera que los morelenses se han acostumbrado a vivir entre inseguridad y descomposición institucional.
El grado de exigencia a las autoridades ha sido acallado entre el miedo a ser señalados, revictimizados, o de plano identificados por grupos delictivos dedicados a la extorsión. Como prueba está la mínima convocatoria a la marcha por la paz en Cuautla el fin de semana a la que acudieron apenas unas decenas de personas por el temor de la mayoría a ser identificados.
Falla todo, la prevención, la persecución, la investigación y el castigo a los delincuentes; pero también la capacidad de las autoridades de asumir su responsabilidad frente a los hechos. En lo que se ha notado cierta mejora es en la velocidad de cada autoridad para evadir y repartir las culpas. Así, entre los intercambios de acusaciones de las autoridades, Morelos supera ya los cien homicidios dolosos por mes, una cifra bastante superior a la del año anterior. También han aumentado los feminicidios, secuestros, extorsiones, despojos, robos, lesiones, violencia familiar, entre otros delitos que ocurren frente a autoridades pasmadas, rebasadas o indolentes.
Dos peores noticias, primero la percepción de empresarios de Canacope que aseguran faltan los peores meses en materia de inseguridad, (noviembre y diciembre); y todos los actores políticos parecen haber bajado la cortina y esperar al resultado de las elecciones (para las que faltan casi ocho meses), o el cambio de gobierno (dentro de poco menos de un año), para ver si las cosas cambian por sí mismas.
Dada la necedad de las autoridades de defender sus propios modelos de organización, que evidentemente son terribles, y la ruptura entre los protagonistas del sistema de justicia penal en Morelos, jueces, ministerios públicos y fiscalías, policías estatales y municipales, la solución integral que requiere Morelos en materia de seguridad pública parece cada día más lejana. Peor aún si se considera que salvo algunos destellos aislados entre los aspirantes a la gubernatura en el 2024, pocas propuestas serias hay en materia de combate al crimen y construcción de la paz. Acaso Rabindranath Salazar, Tania Valentina Rodríguez, Lucy Meza y Juan Ángel Flores, parecen tener propuestas más o menos serias para enfrentar el problema, el resto de los aspirantes tanto del oficialismo como de la oposición, acaso han hecho un esbozo mínimo de buenas intenciones, pero sin un proyecto definido para enfrentar el que seguramente es el problema más urgente del estado. Mucho peor son los que piensan que las cosas van bien como se han hecho hasta ahora (los hay).
Tampoco el gobierno federal tiene una receta efectiva, por cierto. Los estados que han logrado reducir los índices delictivos y la violencia lo deben más a estrategias individuales o regionales que a un gran proyecto nacional de seguridad. En las condiciones actuales de Morelos, el tema de la inseguridad debería ser recurrente en los discursos políticos y los planes de pacificación tendrían que representar la propuesta central de las plataformas políticas. Extraña el silencio de los políticos y sus partidos, que parecen estar tejiendo aspiraciones para un estado que no es Morelos y algunos de ellos hasta aplaudiendo muchas de las pifias de los gobiernos federal y estatal que mantienen los peores rezagos en el estado.
Uno de los ejes para decidir el voto en el 2024 tendría que ser la capacidad de los aspirantes de hacer frente al problema de inseguridad en el estado con propuestas realizables y talentos suficientes. Ante la falta aparente de ambas cosas en muchos políticos locales, parece que la seguridad pública seguirá siendo uno de los grandes ausentes en la agenda política del estado. En el 2018 fue un asunto toral sólo en el plano de las acusaciones, ahora lo que urgen son propuestas y no parecen ser tan sencillas.
@martinellito
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