Y al final no era un rumor, no se trataba de fake news, ni era una urdimbre de los enemigos del régimen. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República en efecto investigan al secretario de gobierno de Morelos, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas por diversas conductas irregulares relacionadas con los millonarios desvíos de recursos del gobierno de Veracruz.
De acuerdo con la información, el hoy funcionario del gobierno de Morelos habría estado involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasmas, que a la postre habrían contribuido al desvío de más de 3 mil 700 millones de pesos. Es posible que el secretario Ojeda sea inocente, pero la investigación sobre su vinculación en el caso del ex gobernador de Veracruz existe y, dada la intención del gobierno de Cuauhtémoc Blanco para luchar contra la corrupción, tendría que ser atendida con la suficiente seriedad en tanto, lo que menos necesita el titular del Ejecutivo es la sospecha sobre el operador político de su gobierno.
Hasta ahora, salvo el rechazo de tajo a la investigación manifestado por el propio Pablo Ojeda, la administración de Cuauhtémoc Blanco no ha respondido a la existencia de la investigación, las reacciones han sido off the record y todas refieren a una supuesta falta de sustancia de las indagatorias. Tratándose de una revisión de la UIF sobre alguien a quien se le han conferido atribuciones tan importantes como las que tiene Ojeda, cualquiera esperaría una reacción diferente.
Algo debe saber el gobierno de Morelos que ignoran los investigadores de Hacienda (y viceversa), en tanto Pablo Ojeda fue considerado como candidato a diputado federal por la cuarta circunscripción por el Partido Encuentro Social, al que pertenecieron también, hasta la extinción de su registro federal, el gobernador Blanco, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, el diputado federal Jorge Argüelles, y que dirigía Hugo Eric Flores Cervantes, delegado de los programas de bienestar del gobierno federal en Morelos; quienes junto con Ojeda hoy constituyen el círculo máximo del poder en Morelos. Probablemente entonces, Pablo Ojeda sea inocente o quizá se le conceda el beneficio de la duda mientras concluyen las indagatorias para cerrar los casos que incluyen la investigación sobre por lo menos seis de las 400 empresas fantasmas que se habrían utilizado para el desvío de recursos en Veracruz.
En mayo de 2019, el Secretario de Gobierno presentó sus declaraciones de bienes patrimoniales y de conflictos de interés ante la Secretaría de la Contraloría, no obstante en ambas reconoce haber participado en una de las empresas bajo investigación de la UIF, Ojeda & Asali, como socio director hasta septiembre de 2018, unos días antes de ser nombrado secretario en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco. La práctica de no permitir se hagan públicas las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés es común en el gobierno del estado. De los 16 funcionarios de primer nivel del gabinete estatal, sólo tres aceptaron hacer públicos, dos total y uno parcialmente, los contenidos de esos documentos, lo que si bien podría ser motivado por cuestiones de seguridad personal, dada la circunstancia particular de Ojeda, puede convertirse en otro motivo de sospecha.
Habrá que esperar la resolución final de las indagatorias, pero por lo pronto uno de los hombres fuertes del gabinete de Cuauhtémoc Blanco parece estar minado, a pesar de su eficiente trabajo y de las alianzas para fortalecer su posición en el equipo del gobernador. No se trata ya de un lío interno entre sujetos del gabinete, sino de un problema jurídico mayor al que se tendrá que hacer frente de manera clara y puntual, so pena de seguir debilitando su posición.
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