El gobierno estatal tiene tres temas que se han complicado en la agenda de desarrollo económico de la entidad y sobre ninguno hay mayores pronunciamientos y mucho menos operación para que se resuelvan. Con el argumento de que se trata de asuntos federales y municipales, los conflictos por la operación del Proyecto Integral Morelos (termoeléctricas, gasoducto, acueducto y línea eléctrica), de la minera de Tetlama, y los bloqueos en la autopista Siglo XXI, parecieran pasar con la aprobación, por omisiones, del Ejecutivo Estatal que se supone promotor del desarrollo económico pero en sus primeros casi quince meses ha hecho un enorme mutis respecto de los proyectos en los que se apostaron las posibilidades de desarrollo de Morelos.
Se trata, sin duda, de un afán calculado para evitar tomar partido en conflictos que quedaría bien para políticos en campaña (períodos en los que no conviene pronunciarse sobre temas polémicos como el aborto, las relaciones con la Iglesia, las comunidades LGBTTTIQ y, aparentemente, los proyectos de desarrollo económico). La posición de la autoridad, por ausencia, tiene lecturas muy negativas para la inversión en el estado en tanto deben esperar que débiles gobiernos municipales (no tienen policías ni recursos para infraestructura, además de estar a menudo contaminados por la corrupción), o un gobierno federal que prefiere otorgar salvoconductos tácitos a quienes bloquean el desarrollo de inversiones que aplicar la ley para generar la confianza necesaria entre los ciudadanos para fortalecer las inversiones, resuelvan los conflictos frente a la pasividad entre pasmo y calma chicha de las autoridades estatales.
Curioso porque parte de cualquier estrategia de pacificación (y el gobierno del estado abandera la suya), consiste en la garantía del desarrollo económico y el respeto al marco jurídico. La paz sin paz no sirve a nadie, y pareciera que la propuesta es esa, pacificar sin garantías de justicia, sin más acciones que aquellas permitidas por las minorías activas que imponen voluntades a las mayorías silentes. La permisividad del bloqueo, de la oposición, del cierre de alternativas para el desarrollo, parece una constante en el gobierno estatal que, decíamos en entregas anteriores, incluso ha llegado en otras administraciones a patrocinar, promover y auspiciar esas oposiciones para vender más caro su amor de aventurera.
Al momento, el gobierno estatal no ha asumido una posición clara respecto de ninguno de los tres conflictos (si bien su cercanísimo delegado de los programas federales de bienestar, Hugo Eric Flores, ha expresado su respaldo a la termoeléctrica); pero tampoco parece tener alternativas para fomentar el desarrollo de la entidad. Es decir, no apuesta a concretar lo avanzado, y tampoco diseña nuevas opciones de atracción de inversiones.
Asunto delicado, y mucho es el que el desarrollo del estado esté fincado en la operación de sólo tres nuevos proyectos todos con atrasos de uno o dos lustros; y ni los gobiernos estatal y municipales, ni la iniciativa privada local sean capaces de una oferta mayor para el desarrollo.}
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