Oponerse es un acto de dignidad ciudadana. Esta idea sólo puede ser cierta si la norma a la que el sujeto o grupo se opone es injusta, peligrosa, lesiva de la dignidad de terceros.
Los objetores son siempre bien vistos cuando la resistencia a la norma es noble, digna, y contribuye de alguna forma al desarrollo económico o social de un sitio. La oposición a la minería de tajo abierto, por ejemplo, opera porque los objetores defienden el medio ambiente frente a una colección de peligros que representa autorizar el funcionamiento de esa modalidad extractiva. Los opositores a un régimen incapaz, inútil, injusto, son bien vistos por amplios grupos, excepto por supuesto aquellos que apoyan al régimen en cuestión por los beneficios simbólicos o reales que del mismo reciben.
Pero existen también las oposiciones que, por sí mismas, son peligrosas para la sociedad, riesgosas para el desarrollo, lesivas de la dignidad y hasta adversas para el medio ambiente. Esas resistencias son a menudo movidas por problemas de comunicación de los gobiernos, interferencia de grupos políticos, ideas conservacionistas mal orientadas, y otras formas de frenar cambios o acciones de mantenimiento de los gobiernos que tendrían que reconocerse.
A medida que la sociedad evoluciona, los espacios públicos, las formas de interacción, las políticas públicas tienen también que adaptarse, modernizarse dicen algunos en un uso lamentable de la acepción. Los espacios públicos, para mantenerse vivos, tienen que adaptarse a las nuevas dinámicas sociales o son eventualmente abandonados.
Oponerse a la renovación de un espacio público puede tener justificación si en esa renovación se cambia la esencia o destino del mismo. El rechazo de muchos residentes de Cuernavaca a la extinción del Casino de la Selva en el 2001, luego de estar cerrado por años. La defensa del inmueble logró conservar algunos de los murales y el restaurante, pero el destino del sitio en donde hubo bazares, boliches, y fue lugar de pinta escolar de muchos cuernavacos fue profundamente trastornado y provocó la pérdida de uno de los emblemas históricos de la ciudad.
No ocurre lo mismo con la oposición a la rehabilitación del parque Melchor Ocampo, por cierto, a sólo unos metros de lo que fue el Casino de la Selva, que hasta ayer pretendía emprender el Ayuntamiento de Cuernavaca mediante un proyecto que encargaría a la UAEM y en el que se prometía la conservación de la flora y fauna del lugar y “devolverle la vida” a un espacio que por décadas se mantuvo prácticamente abandonado.
El rechazo de algunos grupos a la rehabilitación del espacio público deriva de problemas de socialización del proyecto, que se comunicó cuando ya había una activa oposición al mismo; pero también de cuestiones cercanas más a la política y a la idea de ilegitimidad que algunos grupos le cuelgan a la administración de Antonio Villalobos Adán.
Hay quienes, dice el alcalde, están buscando posicionarse muy pronto rumbo a las elecciones intermedias del 2021 y tomaron la oposición al proyecto como una bandera publicitaria a través de la que han canalizado la inquietud ciudadana. Hay otros, también, que dudan de la legitimidad de alguien que llegó a la alcaldía como candidato suplente y miembro de una familia que, como muchas en Cuernavaca tiene muchos amigos y otros muchos adversarios. En efecto, a más de un año de las elecciones, y a diez meses de ser alcalde, Antonio Villalobos aún sigue siendo criticado por la forma en que llegó a la posición que hoy ocupa legalmente. Una de las misiones fundamentales de la administración municipal, aún tiene tiempo, es construir su legitimidad para lo que requiere un enorme trabajo en materia de comunicación especialmente en un ambiente de tanto encono, pero también de acciones claras en beneficio de la ciudadanía, como ha logrado en el caso del ambulantaje en las banquetas del IMSS; pero un acierto no es suficiente.
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