La crisis en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos prosigue pese a las reformas y recortes realizados por la administración de Gustavo Urquiza. Con las finanzas como van, los recursos para pagar la nómina de académicos y administrativos se acabarán en septiembre y con ello, seis meses de salario (tres restantes del año y los de aguinaldos) estarán nuevamente en suspenso.
Abierta, como es la rectoría, ha informado ya del asunto a los sindicatos académico y administrativo que empezarán sus movilizaciones para exigir a la Federación la ampliación del presupuesto y el reconocimiento de trabajadores no contemplados en la proyección de la Secretaría de Educación Pública para las asignaciones presupuestales.
Debe advertirse que el reconocimiento y entrega de recursos para esas plazas no solucionará la crisis financiera de la UAEM, aunque constituiría un paliativo que le diera mayor margen de maniobra a la institución para gestionar recursos de emergencia con la federación, en tanto las finanzas del gobierno de Morelos están severamente comprometidas a estas alturas y hacen imposible un rescate en el plano local.
Las cosas han cambiado mucho en la UAEM con la salida del gobernador, Graco Ramírez, y del ex rector, Alejandro Vera Jiménez, cuyo pleito personal enfrentó a las instituciones y retuvo el recurso de la institución para agravar la ya de por sí difícil situación financiera durante los últimos meses del mandato de ambos. Hoy el gobierno estatal entrega las ministraciones de recursos a tiempo, pero el problema sigue estando en la estructura del gasto universitario que no acaba de corregirse después de muchos años de excesos. Habrá que advertir que, si bien la crisis no es culpa exclusiva de Vera Jiménez, ni su administración ni las que le antecedieron hicieron mucho por corregirlo, por el contrario, muchas de sus políticas ocasionaron la ampliación de la crisis que llegó a niveles insostenibles.
Tampoco ha contribuido una tendencia del gobierno federal para reducir en términos reales el financiamiento a las universidades públicas, ni los esquemas de corrupción tejidos entre algunas universidades y autoridades federales y estatales que han destruido la confianza tanto de la ciudadanía como de muchos tomadores de decisiones en la administración pública federal. Si bien se reconoce que las universidades hacen esfuerzos para corregir sus esquemas de gasto, también se considera que son insuficientes y se advierte además la renuncia aparente de los gobiernos estatales y de las administraciones universitarias de recuperar lo perdido por corrupción y sancionar ejemplarmente a los responsables.
La crisis universitaria es un ritornello terrible en la historia reciente de la institución que lejos de luchar por su crecimiento en términos de calidad y cobertura, debe buscar ahora las formas de sobrevivir. Muchos cambios deben hacerse al interior de la institución todavía, pero también es urgente la sensibilidad política de autoridades que dejen de concebir a la educación superior como un gasto y comiencen a trabajar para volverla una inversión verdadera en el presente y futuro del estado y el país. La transformación de la universidad depende tanto de su comunidad como de los gobiernos que la financian y, mucho más, de la sociedad a la que sirve. El trabajo por fortalecer a la institución, por mejorar sustancialmente sus resultados en materia de contribuciones al crecimiento económico y al desarrollo sustentable de la entidad, son ya inaplazables. Para ello se requiere de mucho más que recursos económicos, también urgen el talento, la creatividad y la apertura para transformar el modelo de educación superior. Abrir nuevas universidades públicas con la misma propuesta de financiamiento, por cierto, significa generar nuevas crisis financieras en el mediano plazo.
