Además de proporcional servicios básicos de calidad con los que se sientan las bases para el desarrollo, es deseable que los ayuntamientos contribuyan a la dinamización de la economía en sus demarcaciones. Cuando los alcaldes como Rafael Reyes de Jiutepec, Antonio Villalobos de Cuernavaca y Jesús Corona de Cuautla advierten que buscan dinamizar o reactivar la economía de los territorios que administran, uno tendría que creer y casi aplaudir la convicción, pero el problema no radica en las intenciones, sino en realidades que se asoman cada vez más obstructoras de la dinámica económica y, pese a su ilegalidad, siguen siendo toleradas por la autoridad y hasta fomentadas por algunos de sus representantes.
El cáncer que significa el comercio informal para la economía regional es evidente y, junto a las políticas de restricción del gasto gubernamental, el declive en empleos formales, la baja productividad, la pobreza laboral y otros factores recesivos, mantienen a la economía de los tres municipios en condiciones críticas. Por ello en los tres municipios, aunque con mayor fuerza en Cuernavaca y Cuautla (donde el problema es mayor) se hacen esfuerzos notables para regular al comercio informal con un carácter conciliador aparentemente más herencia de un pasado paternalista que convicción económica de los administraciones municipales.
En los hechos, los ambulantes son han hecho abortar los intentos de reordenamiento hasta derivar en enfrentamientos violentos, como ocurrió este jueves en Cuautla. En algunas movilizaciones miembros de los cabildos o algún otro líder político han arengado a los ambulantes. Funcionarios municipales alertan previamente de los operativos para retirar al comercio callejero. Grupos de interés se aseguran de que las políticas de los alcaldes no prosperen para mantener cautivos a aguerridas brigadas de choque que funcionan en tiempos electorales o no, e imponen su voluntad todos los días en las banquetas de los municipios.
En medio del escándalo, es fácil culpar a los alcaldes por su imprudencia, falta de tacto político, debilidad política o cualquier otro argumento que refiere a las formas de llevar los procesos de reordenamiento, pero se olvida que la ilegalidad es cometida por los ambulantes, promovida por grupos de interés, tolerada por autoridades municipales, y constituye el problema raíz en los fracasos económicos de los municipios y de las políticas trazadas desde los ayuntamientos.
El ambulantaje no es una solución a la pobreza o la falta de empleo formal, es un factor para su extensión y reproducción a un ritmo que ahoga a los municipios y al comercio formal, afecta el crecimiento económico de las regiones y se vincula con una sospechosa frecuencia con problemas de crimen e inseguridad. El reordenamiento del comercio informal no es un asunto popular, sino de subsistencia económica y social de las regiones, los esfuerzos de los ayuntamientos en la materia debieran corresponder a planes para erradicar la práctica de la informalidad en el largo plazo para garantizar la convivencia social y económica más elemental. Y eso urge.
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