Justicia o prudencia. En la Grecia clásica, la justicia (diké) era vista como una virtud fundamental, un equilibrio necesario para el buen orden de la polis. Los griegos concebían la justicia como una obligación social, una manifestación de la armonía universal. Una idea que fue desarrollada como la disposición a dar a cada cual lo que le corresponde, un concepto que resonaría profundamente en el pensamiento jurídico romano.
Los romanos, por su parte, tomaron estas ideas griegas y las adaptaron a su propio sistema legal. Para ellos, la prudentia era la sabiduría; y la iurisprudentia denotaba la sabiduría del derecho, o conocimiento de la ley. La ciencia que estudiaba y aplicaba las normas del derecho. Los jurisconsultos romanos, expertos en la interpretación y aplicación de la ley, eran venerados por su conocimiento técnico, y por su capacidad para discernir lo justo y lo injusto en cada caso, guiados por un profundo sentido de equidad y razón.
En estos momentos nuestro país se enfrenta a una encrucijada histórica. La balanza de la justicia pende delicadamente entre la equidad y el poder. Desde la medianoche del miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados del Poder Judicial han iniciado un paro indefinido en respuesta a la controversial reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que busca someter a los juzgadores y a la Suprema Corte al escrutinio del voto popular, y crear nuevos órganos administrativos, ha desatado una tormenta de opiniones encontradas en el ámbito jurídico y en la sociedad en general.
La propuesta de López Obrador plantea, en esencia, un cambio de paradigma en la forma en que se elige a los responsables de impartir justicia. Sostiene que someter a los jueces al voto popular democratizará el sistema y aumentará la confianza ciudadana en sus decisiones. Sin embargo, los críticos argumentan que esto podría poner en riesgo la imparcialidad judicial, sometiendo a los jueces a presiones políticas y comprometiendo su función.
En este contexto, la prudencia, entendida como la virtud que dispone la razón para discernir y mandar lo que es bueno, se enfrenta a la justicia en un duelo de enorme trascendencia. La pregunta que subyace en esta disyuntiva es: ¿debe el Poder Judicial ceder ante una reforma que, aunque popular, podría comprometer su independencia; o es su deber defender la integridad de sus principios a toda costa?
La suspensión de actividades no debe ser una decisión tomada a la ligera. Los impartidores de justicia han expresado que esta medida tendrá repercusiones directas sobre la ciudadanía, afectando la atención de casos y la emisión de sentencias. La decisión de cesar las labores se hace bajo la premisa de que la justicia no debe ser objeto de transacciones políticas. Sostienen que su deber es con la justicia misma, y no con intereses ajenos que pudieran distorsionar su aplicación.
La prudencia, por otro lado, podría sugerir un camino de diálogo y reflexión, buscando un equilibrio que permita preservar la independencia judicial sin caer en la inacción. Pero, en un escenario donde las reformas se presentan con la fuerza de una voluntad política inquebrantable, la prudencia puede ser vista como debilidad o, peor aún, como complicidad.
Así, México observa con atención este paro judicial, que no es simplemente una manifestación de desacuerdo, sino un llamado de alerta sobre el futuro. En última instancia, la historia juzgará si este paro fue un acto de justicia o una muestra de imprudencia. Lo que es indudable es que, en este momento crítico, el Poder Judicial ha decidido actuar, no con la tibieza de la prudencia; sino con la firmeza de quienes creen que su deber es, ante todo, con la justicia.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
