Por Luis David Berrones Sanz
El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) está compuesta por 14 distritos y tiene una población cercana a los 2.1 millones de personas. La necesidad de movimiento y el desplazamiento para realizar sus actividades tales como el trabajo, la educación y la salud, entre otras; hacen que, debido a la congestión vehicular provocada por el alto número de automóviles en circulación, sus habitantes converjan en caminos durante las horas pico y, por tanto, destinen gran cantidad de tiempo para sus traslados, sin importar si es en transporte público o privado.
La cantidad de vehículos en el AMSS es de 657,934, por lo que cerca de 45% de los mayores de 15 años tienen automóvil y la tendencia es creciente; ya que cada año se suman a la flota nacional docenas de miles de vehículos que ingresan a la República del Salvador, y con una expectativa de adicionar un 8% anual. Gran parte de los automóviles son autos usados de procedencia extranjera, que han sufrido siniestros viales y que, en su país de origen, han sido catalogados por las aseguradoras como pérdida total. No obstante, en El Salvador existen facilidades administrativas para la importación de este tipo de vehículos, por lo que son reparados mecánica y estéticamente, pero sin sustituir dispositivos que otorgan seguridad activa y pasiva en el vehículo, como por ejemplo el cambio de cinturones de seguridad o sistemas de navegación.
Asimismo, el alto número de vehículos particulares por hogar y la competencia de los taxis de aplicación, han ocasionado que el servicio de taxis convencionales casi haya desaparecido. Los taxis que se solicitan a través de dispositivos móviles, al igual que en países como México, deben cumplir con requisitos como tener cuatro puertas y estar en buen estado en sus condiciones físico-mecánicas. Empero, es difícil detectar fallas en sistemas como las bolsas de aire o los frenos ABS con simples inspecciones visuales. Por lo que los taxis de aplicación, que también son de procedencia extranjera, mantienen inoperantes los dispositivos que contribuyen a las condiciones de seguridad.
En cuanto al transporte público colectivo, en el AMSS existen alrededor de 162 rutas en las que participan 4,600 vehículos antiguos, altamente contaminantes y que ofrecen un servicio muy precario, y con un alto costo social. En esencia, el AMSS requiere un sistema de transporte masivo que se ajusten a las necesidades orográficas y geométricas de sus vialidades y que disminuyan el precio generalizado de la población (es decir, que reduzca en cada viaje el costo del monetario, el tiempo, y mejore factores cualitativos como la calidad, la comodidad y la seguridad). Sin embargo, la historia en El Salvador plantea un escenario complicado para la movilidad; ya que, durante cerca de un lustro y hasta marzo de 2020, operó el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), de tipo de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT por sus siglas en inglés), para el que se construyó infraestructura, estaciones de acceso y terminales con carriles confinados de uso exclusivo y cuyo costo, de 45 millones de dólares, fue financiado a 25 años.
No obstante, desde el inicio de operaciones el SITRAMSS tuvo muchos opositores; el transitar por vialidades de pocos carriles y la yuxtaposición con otras rutas de transporte público, generó que se interpusieran demandas que, para el año 2017, tuvieron efectos negativos para el SITRAMSS cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió una medida cautelar para permitir la circulación de vehículos particulares en el carril confinado del BRT. El efecto de permitir carriles de tránsito mixto, trajo como resultado el aumento del tiempo de viaje y una diminución de los beneficios del sistema, tanto para los usuarios como para los prestatarios del servicio. Asimismo, durante la pandemia de COVID-19, en abril de 2020, las autoridades gubernamentales suspendieron el servicio de transporte público y, en el mes de agosto, cuando dieron instrucciones de reactivar el servicio, el SITRAMSS nunca volvió a su operación.
Bajo este contexto, los requerimientos para mejorar la movilidad en San Salvador deben incluir la modernización del transporte público y la reincorporación de sistemas masivos con derechos de vía semiconfinados o exclusivos que permitan aumentar la velocidad comercial y la calidad general de la experiencia de viaje para los usuarios. Adicionalmente, y más importante aún, para dar certeza jurídica en la continuidad de la ejecución del servicio y la inversión; se deben realizar reformas que contemplen en la legislación la utilización de los carriles especiales. Mientras que, para disminuir la oposición a los proyectos, se deben crear campañas que informen a la población los beneficios sociales del proyecto, e incluir a los actuales empresarios en nuevos esquemas de participación que permita participar en la prestación del servicio, bajo el nuevo modelo de negocio organizado de forma corporativa. Sólo un transporte público de calidad, que disminuya su costo generalizado, podrá desincentivar de forma efectiva el uso de automóvil, podrá disminuir las emisiones contaminantes de la ciudad, y reducir los costos sociales de la población.
LUIS DAVID BERRONES SANZ es Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y, actualmente, participa en el Proyecto CCyT-2024-CON-12. Síganlo en @lberrones