Los aspectos sociales, religiosos y culturales que condenan la interrupción del embarazo y a las mujeres que lo efectúan en América Latina hace que este tema siga siendo muy debatido en la región ya que existen naciones en donde su población está más a favor del aborto, como en los casos de Argentina o Uruguay; sin embargo, hay países en donde la gente se muestra más hacia la prohibición del mismo, como en los casos de Brasil o Colombia.
Sin embargo, las cifras son muy claras y, lejos de un posicionamiento particular, se puede explicar que, a decir del Senado de la República, en América Latina existieron aproximadamente 5.4 millones de abortos, amén de que “760,000 mujeres de la región son tratadas anualmente por complicaciones de abortos ilegales y aproximadamente un 10% de las muertes maternas fueron por consecuencia del aborto”. Incluso, el tema del aborto es tan relevante en el aspecto social de la región latinoamericana que la organización IPAS-México señala que en América Latina mueren alrededor de 62 mujeres por cada 100 mil abortos que se practican, principalmente en condiciones de riesgo.
Es así que el tema del aborto, aunado a la falta de información, a pesar de los avances en su despenalización, sigue siendo un problema no solo de salud pública, sino también de derechos humanos en toda la región. Por ello, algunos países han modificado sus leyes para regular y permitir legalmente la interrupción del embarazo; estos son Argentina, Cuba, Guyana y Uruguay.
A continuación, se describen algunos casos que en la región latinoamericana han marcado hechos relacionados con la legalización del aborto y que, aunque para muchos pueden causar un dilema moral en su visión de vida, también funcionan como ejemplo de lo avanzados o atrasados –según se vea– que estamos:
Cuba se estableció como la primera nación latinoamericana en despenalizar el aborto en 1965, año en que se instituyó como un derecho humano siempre y cuando se realice en el primer trimestre de gestación; a pesar de ello, el Código Penal cubano contempla hasta diez años de cárcel si este se comete por lucro y fuera de los lineamientos de la salud pública.
Por su parte, Guayana se convirtió, en 1995, en la primera nación latinoamericana en tener una ley para la interrupción de embarazo, de hecho, en esta pequeña nación el aborto está permitido en las primeras ocho semanas de gestación por un médico autorizado, sin embargo, este tiempo se extiende cuatro semanas más en casos como violación, contagio de VIH en madre o riesgo eminente para la mujer y el feto.
Ya entrado el siglo XXI, en el 2012, Uruguay se sumó a la lista de países que despenalizan el aborto estableciendo un plazo de 12 semanas bajo algunos requisitos que el gobierno ha establecido dentro de la salud pública. Tal ha sido el impacto de esta ley que, en los primeros cinco años después de haber entrado en vigor esta normatividad, “Uruguay registró 10,000 casos por año y se ubicó como el segundo país con menor mortalidad materna en todo América, después de Canadá”, de acuerdo a lo informado por el Centro Gilberto Bosques del Senado de la República.
El último país en sumarse a la despenalización del aborto ha sido Argentina en 2021 cuando se promulgó una ley que permitió “el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto”. En este caso, la ley permite su aplicación hasta la semana 14 dejando algunas salvedades como opción después de ese plazo. El hecho ha sido tan importante que la Oficina de Derechos Humanos en América del Sur ha establecido que esta acción representa un gran avance para los derechos de los niños y mujeres en la región.
También es importante mencionar que existen naciones que, a pesar de no haber regulado formalmente la interrupción del embarazo, sí cuentan con condiciones para realizarlo, tal es el caso de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
Las condiciones extraordinarias que estas naciones proponen tienen que ver, principalmente, con que la vida de la madre esté en peligro y, en menor medida como en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, que el embarazo se haya dado por una violación; en el caso de que el producto pueda nacer con un mal congénito o malformación, Belice, Chile y Colombia permiten el aborto, sin embargo, Bolivia establece que el aborto no será punible cuando la madre sea estudiante, se encargue de personas adultas o tenga alguna discapacidad.
Pareciera ser que la región latinoamericana va avanzando en la despenalización del aborto, sin embargo, existen países en donde todavía está prohibido sin excepciones; me refiero a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, incluso se prevé prisión que va desde seis meses hasta 12 años.
Para el caso de México el avance es lento pues apenas en pocas entidades se ha establecido la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación; de hecho, la Secretaría de Salud ha señalado que “el 63.4% de los abortos que se realizan en la Ciudad de México son para residentes, mientras que el resto es para personas de otras localidades”.
Entonces, habrá que realizar un análisis más profundo sobre el debate de la despenalización del aborto buscando siempre que las mujeres que quieren acceder a él no se vean violentadas ni reprimidas por el hecho de tener una sociedad con prejuicios morales y religiosos más arraigados; el Estado tendrá que definir si los avances son paliativos o realmente son puntos de inflexión para mejorar el sistema de salud pública en las naciones de la región latinoamericana.
Fernando Abrego Camarillo es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam
