José Juan Conejo Pichardo
El lawfare o “guerra jurídica” no solo utiliza procesos legales para desvirtuar a oponentes políticos, sino que también constituye un arma clave para la judicialización de la política. Este fenómeno se refiere al uso del aparato judicial como herramienta para resolver conflictos políticos o para desacreditar figuras públicas. En México, esta práctica se ha vuelto una estrategia recurrente, que afecta directamente a movimientos sociales, organizaciones y actores clave en el país, de un estado, municipio, comunidad y de un sector político, social o empresarial.
La judicialización de la política implica trasladar disputas políticas al ámbito legal, donde las decisiones judiciales, influenciadas por presiones políticas, adquieren un peso determinante. Este fenómeno ocurre a través de:
•Procesos judiciales selectivos: Dirigidos principalmente contra figuras opositoras, líderes sociales o iniciativas ciudadanas incómodas para el poder político o económico.
•Acusaciones sin fundamento: Donde se emplean procedimientos legales para desgastar, deslegitimar o distraer a los actores políticos de su agenda.
Uso del sistema judicial como un actor político: Esto crea un desequilibrio en la democracia, al convertir al Poder Judicial en un árbitro parcial en lugar de un garante de justicia imparcial.
En Morelos, las prácticas de judicialización de la política se evidencian en la paralización de proyectos sociales y obras públicas a través de litigios estratégicos, así como en la criminalización de líderes sociales y colectivos que cuestionan a las autoridades o intereses privados. Este entorno legal hostil limita la participación ciudadana y vulnera los derechos humanos.
¿En México que Impacto obtienen y quienes son los actores beneficiados?
La judicialización de la política beneficia principalmente a:
1. El poder económico y político dominante: Que utiliza el sistema judicial para proteger sus intereses y eliminar opositores.
2. Grupos corporativos o cabilderos: Que impulsan estrategias de lawfare para frenar regulaciones o promover legislaciones a su favor.
3. Sistemas políticos autoritarios: Que ven en el lawfare una forma de consolidar su control sin recurrir a métodos represivos explícitos.
En contraste, los principales afectados son los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) y la ciudadanía en general, quienes enfrentan un sistema judicial politizado que prioriza los intereses de las élites sobre los principios de justicia.
En Morelos, organizaciones como "Civicus Morelos y Uka Nuiwame" han destacado la importancia de fortalecer el estado de derecho mediante la vigilancia ciudadana y la denuncia de estas prácticas. Para contrarrestar la judicialización de la política, es fundamental que las ONG’s y OSC’s:
•Monitoreen casos judiciales con tintes políticos, documentando irregularidades y promoviendo la transparencia.
•Denuncien la instrumentalización del sistema judicial ante organismos internacionales de derechos humanos.
•Promuevan reformas legales que limiten el uso político de procesos judiciales.
El lawfare y la judicialización de la política no son solo desafíos jurídicos, sino ataques directos a la democracia y la justicia social. Es crucial que los ciudadanos se organicen en asociaciones civiles que:
1. Detecten prácticas de lawfare y las expongan públicamente.
2. Impulsen investigaciones independientes sobre la corrupción judicial.
3. Creen redes de apoyo legal para proteger a los afectados por estas prácticas.
La judicialización de la política debe ser vista como una señal de alerta. Solo mediante un esfuerzo colectivo se podrá revertir este fenómeno y garantizar que el sistema judicial sirva a la justicia, no a los intereses de unos pocos. En Cuernavaca, Morelos, esta tarea comienza con la creación de espacios ciudadanos dedicados a la investigación, denuncia y promoción del estado de derecho.
En resumen, el lawfare es una práctica que no solo afecta la democracia y la justicia en México, sino que tiene repercusiones específicas en la dinámica política y social de Morelos. La ciudadanía organizada, en colaboración con ONG's de derechos humanos, puede convertirse en un actor clave para contrarrestar estas tácticas y salvaguardar los derechos fundamentales.
Combatir el lawfare no es solo un desafío jurídico, sino una tarea urgente para preservar el estado de derecho y la justicia social en nuestra región.
¡Es momento de actuar!
Si consideras que el lawfare y la judicialización de la política afectan la democracia y los derechos humanos en México y, en particular, en Morelos, te invitamos a unirte a esta causa. Desde asociaciones civiles, colectivos y ciudadanos comprometidos, podemos construir un frente sólido para:
•Detectar y documentar casos de abuso judicial.
•Promover reformas legales que limiten el uso político del sistema judicial.
•Denunciar prácticas injustas a nivel local, nacional e internacional.
