José Juan Conejo Pichardo
La implementación del operativo "Moto Segura" por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado de Morelos ha desatado una considerable ola de descontento y protestas entre motociclistas y diversos sectores de la sociedad civil. Este programa, cuyo objetivo es regularizar motocicletas con permisos de otros estados, principalmente Guerrero, ha sido fuertemente criticado por violaciones a los derechos humanos y por fomentar una estigmatización social.
Desde su inicio los operativos han llevado a la detención de cientos de motocicletas, con las autoridades argumentando que muchas de ellas poseen permisos apócrifos y son utilizadas en actividades delictivas. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por su impacto negativo en los derechos de los ciudadanos.
El descontento se ha manifestado de manera evidente en las calles. Los motociclistas han organizado múltiples protestas, bloqueando avenidas y denunciando que los operativos son ilegales y arbitrarios. En Cuernavaca, estas manifestaciones han incluido bloqueos en principales arterias viales, lo que ha generado caos y congestionamientos severos. Los motociclistas afirman que estas medidas no solo perjudican su movilidad y trabajo diario, sino que también los criminalizan injustamente.
Pedro Hernández, un repartidor de comida por aplicación, nos relato cómo su motocicleta fue detenida y llevada al corralón durante uno de estos operativos. "Me quitaron mi herramienta de trabajo. Ahora no puedo hacer entregas y estoy perdiendo ingresos cada día que pasa", comenta. La situación de Pedro refleja la de muchos otros motociclistas que dependen de sus vehículos para ganarse la vida.
María López, quien utiliza su motocicleta para transportar a sus hijos a la escuela y hacer sus compras diarias, también fue víctima de los operativos. "Me detuvieron y me dijeron que mi permiso estaba vencido, aunque yo había renovado todos mis papeles. Fue humillante, me trataron como si fuera una criminal", dice María. Estos testimonios subrayan cómo los operativos han afectado negativamente a ciudadanos comunes, más allá de cualquier supuesto beneficio en la reducción de la criminalidad.
Un Operativo Fallido
Las críticas más contundentes señalan que el operativo "Moto Segura" es, en realidad, una cacería de brujas que busca recaudar dinero de manera forzada. Organizaciones sociales en derechos humanos y de apoyo hacia la mujer como Uka Nuiwame, Moviendo a Mujeres con Valor y Civicus Morelos han alzado la voz contra estas prácticas, interponiendo quejas formales ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Estas organizaciones argumentan que los operativos representan una persecución de Estado y una criminalización injusta de los motociclistas, quienes son tratados como delincuentes sin justificación adecuada.
Civicus Morelos ha destacado que detrás del discurso de seguridad pública, el operativo esconde una clara intención de recaudación económica tanto por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte como de la policía vial municipal. Las altas multas y las tarifas por la liberación de motocicletas del corralón se han convertido en una fuente de ingresos significativa, lo que refuerza la percepción de que el operativo está más orientado a recaudar dinero que a mejorar la seguridad
Datos y estadísticas que contradicen la eficacia del operativo
"A pesar de los argumentos oficiales, los datos sugieren que el operativo no ha logrado disminuir la delincuencia como se pretende", menciona Moviendo a Mujeres con Valor. Según estadísticas recientes, el número de delitos cometidos con motocicletas no ha mostrado una reducción significativa desde la implementación del operativo. De hecho, algunos informes indican que la criminalidad en ciertas áreas ha permanecido constante o incluso ha aumentado ligeramente.
Para entender mejor la situación en Morelos, es útil comparar este operativo con iniciativas similares en otros estados y países. Por ejemplo, en la Ciudad de México, operativos de revisión vehicular también han sido implementados con el objetivo de mejorar la seguridad y regularizar vehículos. Sin embargo, estas iniciativas han sido acompañadas de campañas de concientización y esfuerzos para facilitar la regularización de vehículos, lo que ha disminuido la percepción de arbitrariedad y persecución.
En contraste, operativos en países como Brasil y Sudáfrica, donde se ha intentado abordar la criminalidad asociada con motocicletas, han demostrado que la falta de transparencia y la orientación punitiva generan más rechazo y desconfianza entre la ciudadanía, exacerbando los problemas en lugar de solucionarlos.
La respuesta oficial en Morelos ha sido insuficiente para calmar el descontento. A pesar de las múltiples quejas y protestas, las autoridades han mantenido su postura firme, justificando los operativos como una medida necesaria para la seguridad pública. Sin embargo, la creciente tensión y el malestar social sugieren que es necesario un replanteamiento de esta estrategia, priorizando el diálogo y la búsqueda de soluciones que no criminalicen a los ciudadanos por el simple hecho de utilizar motocicletas
Conclusión
El operativo "Moto Segura" ha sido descrito por sus detractores como un fracaso, no solo por su ineficacia en abordar la criminalidad real, sino también por la desconfianza y el malestar social que ha generado. La falta de comunicación y concientización por parte del gobierno ha exacerbado la situación, dejando a muchos ciudadanos en la incertidumbre y la frustración. "Organizaciones sociales como Uka Nuiwame, Moviendo a Mujeres con Valor y Civicus Morelos continúan abogando por los derechos de los motociclistas, instando a una revisión y modificación de estos operativos para evitar la persecución y garantizar el respeto a los derechos humanos", menciona la Abogada Myredd Mariscal Presidenta Fundadora la la Organización Moviendo a Mujeres con Valor, quien agrega que se han violentado con estos operativos los derechos humanos de las mujeres y sus menores hijos; Civicus Morelos declara que los derechos al libre transito están siendo violentados así como los derechos a tener la libertad de trabajar.
