Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y campus Puebla, “la política salarial-laboral de la administración del presidente Enrique Peña Nieto destruyó fuentes de trabajo en empleos de altos salarios y sólo presentó crecimiento del empleo en salarios de baja remuneración”.

En el análisis de coyuntura “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, se afirma que “la política laboral y salarial es sin duda, uno de los aspectos más inamovibles de los últimos 30 años en México” y que la política laboral del gobierno peñista se caracterizó con “precariedad en las condiciones laborales, con población sin seguridad social y contratación no permanente”.

Durante más de 80 años los sindicatos, que se decían ser los representantes de la clase trabajadora, fueron el principal dique para que ésta accediera a mejores salarios y por consecuencia mejores niveles de vida. Esos sindicatos, brazo corporativo del PRI, fueron, por el contrario, quienes consistieron la precariedad en el trabajo y la pobreza salarial.

Durante décadas el control sobre los trabajadores fue implacable. La mayoría priísta en los congresos locales y en el federal no permitía que pasara ninguna iniciativa de la oposición de izquierda que significara mejoras sustantivas en favor de los trabajadores.

Sin duda alguna en el recuerdo oscuro de los trabajadores están aquellos líderes como Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascoe, Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores Morales y Joaquín Hernández Galicia, por ejemplo.

Estos, y muchos más, eran quienes marcaban línea para que nada que afectara los intereses de la clase política y de los grupos empresariales. Por fortuna la lucha siguió. En la llamada “congeladora parlamentaria” quedaron muchas iniciativas que hoy podrán ser una realidad.

Cuatro meses antes de que terminara su administración, el portal SinEmbargo publicó: “Los saldos de Peña: 68.4 millones, sin seguridad social; 26% de los adultos mayores, sin una pensión”, precisaba que “México se encuentra entre ´los peores países del mundo para trabajar´ en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional. Nuestro país se encuentra en la categoría 5 de este ranking por ser una nación que no garantiza los derechos de los trabajadores”.

Se destacaba que México se encontraba en la categoría 5, donde “si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están, por tanto, expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”.

El pasado 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma laboral cuya minuta fue enviada al Senado, donde fue aprobada por unanimidad por las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

Y por qué por unanimidad?, porque a partir de su publicación, por ejemplo, las trabajadoras gozarán de seguridad social, aguinaldo y vacaciones; porque se acabarán los llamados contaos de protección patronal, y ahora los sindicatos van a tener que someter a votación, de todos sus agremiados, qué tipo de contrato quieren y podrán discutir sus cláusulas.

Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y se crean tribunales laborales para garantizar mayor imparcialidad, tribunales especializados en el ámbito del Poder Judicial que están obligaos a garantizar una verdadera justicia laboral.

Se visibilizará a los trabajadores del campo y deberá respetarse sus derechos de seguridad social, lo que, sin lugar, es un gran triunfo de los sindicatos independientes, organizaciones sociales, de abogados laboristas y de la izquierda que siempre propugnaron para que se alcanzara la justicia laboral.

Esta reforma tiene un significado relevante, pues hoy, las trabajadoras y los trabajadores del hogar van a poder tener asegurados sus derechos que antes no se tenían, pues por cada 100 personas ocupados en actividades domésticas, 90 de ellos son mujeres y regularmente laboraban sin ningún tipo de contrato. Sin duda, debemos de reconocer la lucha social emprendida por mujeres trabajadoras, como Marcelina Bautista. Este triunfo también es de ellas.

De igual manera, se cumplen los acuerdos 87 y 98 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), sobre democracia y libertad sindical, y se atiende el anexo 23 del tratado de libre comercio conocido como T-MEC, relativo al derecho de sindicación y negociación colectiva.

Llama la atención las declaraciones de la dirigencia priísta que en San Lázaro que reconocieron: “Ya muchos liderazgos nos dimos cuenta de que, o nos adecuamos a los tiempos de la nueva realidad o nos quedamos fuera”. Esta reforma representa un avance significativo, amén de que debemos seguir, impulsando cambios que ofrezcan mayores beneficios a la clase trabajadora. Hoy en el Senado, al aprobar la reforma laboral, el triunfo será de todos y será unánime.