Hasta hace unos años era posible saber con toda certeza a dónde se dirigían los recursos del Conacyt. La página del Consejo daba cuenta del gasto de todas y cada una de las convocatorias indicando el nombre de la institución o empresa beneficiaria o de la persona cuando se trataba de becas o el Sistema Nacional de Investigadores, así como los montos asignados y ejercidos.
En esos tiempos era posible conocer los temas que se financiaban, inclusive cuando los proyectos no se asignaban por convocatoria sino a través de los fondos institucionales.
Todos los fideicomisos, más de 90 existentes, publicaban las actas de las sesiones de sus comités de administración, igual que ocurría con la junta directiva del Consejo. Todo se hacia a la vista de la sociedad.
Mediante el cruce de esa información con el desglose del presupuesto disponible en el sitio de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se podía tener una radiografía bastante precisa de lo que se hizo y lo que se logró en ciencia en México por casi 20 años.
A partir de que Elena Álvarez Buylla tomara control del Consejo el manejo de la información se volvió opaco y discrecional. Comenzó por bajar de su portal resultados de convocatorias o listados de beneficiarios, también cambió el formato de los mismos para que apareciera la cantidad mínima de información, inútil ante cualquier escrutinio.
Expulsó a los representantes de los investigadores que pudo de los comités. De todos ellos, solo Gloria Soberón y Antonio Lazcano interpusieron amparos, siendo ambos casos resueltos en contra del Consejo obligándo a su reinstalación. En los casos que no pudo desaparecer la integración de investigadores, nombró a sus incondicionales quienes la acompañan todavía en la junta directiva.
Hubo más arbitrariedades, como haber modificado el reglamento del SNI en 2021 para aplicar de manera retroactiva cambios en los criterios de evaluación, o haber desmantelado el esquema de comités del mismo sistema para ahora ninguno de los integrantes de las comisiones pudiera saber a ciencia cierta quién o con qué criterio asignaba los nombramientos.
Con el mismo empeño excluyó a todos los investigadores de instituciones de educación superior privadas del SNI afectando sus derechos humanos o terminó la relación de trabajo con docenas de integrantes del programas de Cátedras en violación a sus derechos laborales.
Por supuesto que no vamos a olvidar las acusaciones contra ex funcionarios del Consejo y del Foro Consultivo por crimen organizado y lavado de dinero, resueltas por la justicia como improcedentes por inverosímiles.
Si hace seis años alguien hubiera dicho que estaríamos presenciando la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nadie lo hubiera creído. El Consejo fue una de las pocas instancias del gobierno federal que logró sobrevivir sin cambios sustanciales desde 1970 a la fecha, fortaleciéndose cada sexenio gracias al compromiso del sector académico.
Se perdió mucho en estos seis años, funestos a más no poder, pero se hubiera perdido más de no haber contado con los contrapesos Constitucionales.
El desmantelamiento del entramado democrático derivado de la sobrerrepresentación del partido del gobierno en la Cámara de Diputados nos afectará como ciudadanos pero también como científicos.
Con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados se elimina cualquier posibilidad de diálogo, elemento indispensable para una nueva Ley de Ciencia consensada.
Sin jueces imparciales estaremos expuestos a embates como los efectuados contra los investigadores de IES privadas o contra nuestros colegas del Foro, quienes ahora estarían en un reclusorio de alta seguridad. Tampoco podremos defendernos de acciones inconstitucionales como la aprobación de la Ley Buylla.
Sin el INAI no sabremos a quienes y con que fin se asignan los recursos de las convocatorias, de la misma manera que perderemos el control sobre nuestros datos personales en posesión del Consejo que ahora pertenecerán al gobierno, sin elementos que nos garanticen el acceso a ellos ni garantía de que no serán divulgados en nuestro perjuicio.
Peor aún, el golpe asestado este fin semana en contra del régimen democrático del país abre la puerta para la eliminación de la Autonomía Universitaria, un tenue velo que protege el ejercicio de las libertades académicas: libertad de cátedra, libertad de investigación y libertad de expresión. Sin estas libertades se habrá dado la estocada final a un debilitado sistema nacional de ciencia y tecnología. Ese será su legado.
