La biotecnología pertenece a una clase particular de invenciones conocidas como Tecnologías de Uso General por su potencial para alterar drásticamente a la humanidad a través de su impacto en estructuras económicas o sociales preexistentes. Las tecnologías de uso general impactan la productividad y competitividad de una región o país, así que mientras más temprana sea su adopción, más redituable será la inversión que se les asigne.

La biotecnología es un campo multidisciplinario que integra a las ciencias naturales con las ingenierías con la finalidad de lograr el mejor aprovechamiento de organismos o sus partes para la generación de productos o servicios. Aunque las primeras aplicaciones de la biotecnología son tan antiguas como la producción de pan, quesos o cerveza, no fue sino hasta mediados del siglo pasado y gracias a la invención de la ingeniería genética que su potencial real fue finalmente reconocido.

La biotecnología ha aportado grandes beneficios en áreas sustantivas para el bienestar de la humanidad, aunque quizá su mayor impacto social ha sido través del mejoramiento de la productividad agrícola y de la calidad nutricional de los alimentos. Actualmente, la manipulación genética de plantas permite mejorar su resistencia a plagas o a la pudrición, así como dotarlas de nutrientes necesarios para los consumidores animales o humanos que no poseen naturalmente.

Hasta antes de esta administración la biotecnología contaba con una categoría reconocida dentro del sistema científico nacional que permitía su fomento y financiamiento diferenciado. Ahora, es la directora del Conacyt con H quien lidera personalmente la satanización de la biotecnología por motivos ideológicos.

No satisfecha con haber generado un conflicto internacional al impulsar un decreto que prohíbe la importación de maíz transgénico y del herbicida Glifosato, tema que se encuentra actualmente en tribunales, la directora del Conacyt con H promueve ahora la modificación de la Constitución en el mismo sentido como una de las 20 iniciativas que constituyen el cuestionado Plan C del presidente.

Aunque menos impactante para la opinión pública comparado con el desmantelamiento del Poder Judicial, el rediseño del Poder Legislativo o la extinción de los Organismos Constitucionales Autónomos, inscribir en la Constitución la prohibición para la siembra de maíz modificado genéticamente dentro del territorio nacional no es un tema menor y debiera difundirse activamente.

Endulzado con el reconocimiento de la biodiversidad y su importancia para el futuro de la Nación, la propuesta de modificación al Art. 4o de la Constitución invalida de hecho toda la evidencia científica acumulada por años que niega los riesgos derivados del consumo de maíz (o de cualquier otro cultivo, para el caso) transgénico en la salud de personas o animales. La iniciativa abusa también del principio precautorio ya que podría impedir, en principio, la investigación relacionada con el tema.

El incorporar a la Constitución políticas y preferencias de un gobierno en particular es nocivo para el desarrollo democrático de la Nación. Bajo esa premisa un grupo de colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha publicado un extenso texto en el cual se describe con detalle cómo la impronta ideológica del Plan C del presidente afectará el futuro de generaciones de mexicanos de forma activa mediante la perpetuación de ciertos programas sociales y pasivamente, al generar compromiso financieros imposibles de sostener a largo plazo.

Siempre me dará gusto que los temas científicos sean considerados al más alto nivel, pero no así. Por lo tanto, rechazo de manera contundente cómo la ideología de un grupo minoritario (recordemos que solo uno de cada tres electores votó por ellos) pretende someter al conocimiento científico dictando medidas inatacables mediante la experimentación, el raciocinio, la deliberación y la libre discusión de ideas.