Creada en 1973, la agencia norteamericana antidrogas, la DEA, jugaba ya desde finales de esa década un papel relevante en la relación binacional entre los gobiernos de México y el de su vecino del norte. Pero a partir de 1985, con el asesinato aquí de uno de sus agentes -Enrique Camarena-, ese organismo puso a girar en un tacón a nuestros hombres públicos, que nunca parecen tener la conciencia tranquila con respeto al nexo entre la política y el dinero sucio.
El presidente López Obrador decidió sumarse a esa historia de vulnerabilidad la semana recién concluida, a raíz de un reportaje periodístico que -apoyado en fuentes de la DEA- señala de recibir fondos del narcotráfico a cercanos colaboradores suyos durante su primera campaña presidencial, en 2006. Como le ocurre con frecuencia cuando exhibe ánimo alterado, el mandatario erró el tiro al acusar al Departamento de Estado (responsable de la diplomacia estadounidense) de perpetrar el golpe.
El 12 de septiembre de 2010 la Secretaría de Marina detuvo en Puebla a Sergio Villarreal “El Grande”, expolicía estatal en Coahuila durante los años 90 y lugarteniente de la banda de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, que operaban en el centro del país en acuerdo con el Cartel de Sinaloa. El operativo contó con el apoyo encubierto de agentes de la DEA.
Trasladado a la ciudad de México y ya en presencia de altos funcionarios de la embajada norteamericana que encabezaba Carlos Pascual, Villarreal pidió al representante de la agencia antidrogas acercarse. Era Miguel “Mike” Madrigal, quien laboró en el país entre 2008 y 2015. Hablaron de manera sigilosa y sin que nadie lo impidiera.
Luego de ese escena, la diplomacia norteamericana y otras agencias de seguridad, como el FBI o la CIA, siguieron apoyando la colaboración con Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón. “Mike” Madrigal nunca les compartió lo que “El Grande” le confió. Pero después de aquel discreto coloquio habría informado a sus jefes que Villarreal la aseguró que García Luna estaba en la nómina de las bandas del narcotráfico en México.
El episodio documenta la forma de operar de la DEA, que pertenece al Departamento de Justicia norteamericano, igual que el FBI. Pese a ello, entre ambas agencias ha existido siempre una clara rivalidad. Los agentes del Buro de Investigaciones se refieren como “cowboys” a los de antidrogas, y juegan con sus siglas como “Drunk Every Afternoon” (borrachos todas las tardes). La distancia entre la DEA y el Departamento de Estado es mayhor que la del cañón del río Colorado.
Madrigal fue un testigo clave en el juicio que una corte de Nueva York siguió contra García Luna y que lo condenó en febrero de 2023. En su testimonio respaldó versiones que habían corrido por años en textos periodísticos, a partir de filtraciones de la DEA, sobre entregas de dinero de narcotraficantes a políticos mexicanos en el restaurante “Champs Elyssés”, justo enfrente de la sede de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México. Se trataba de un comedero político lleno de personalidades públicas y de sus escoltas, muchos de ellos policías lo militares con licencia.
En el juicio referido, los abogados de García Luna aseguraron que Madrigal no informó a su jefe, en ese entonces Joe Evans, sobre la supuesta o real delación por parte de Villarreal, quien fue deportado a Estados Unidos en mayo de 2012 para enfrentar cuatro cargos de narcotráfico, aunque se anticipaba para él un velo protector en correspondencia con la información que compartió. Lo que ahora se sabe es que “Mike” Madrigal fue prematuramente jubilado por la DEA en una fecha no determinada.
Apuntes: Montserrat Caballero Escamilla, alcaldesa de Tijuana por Morena, encara su enésima crisis ante el atentado contra la periodista local Yolanda Caballero, colocada al centro de ataques en redes y declaraciones de aquella funcionaria y sus colaboradores, tras lo cual el automóvil de la informadora fue incenciado en una acción que quedó grabada por cámaras de seguridad. La edil busca reelegirse en junio próximo, pero carga el fardo de su propia impertinencia -como diputada local (2019-2021) bebía cerveza en las sesiones-, el desastre de su administración en múltiples rubros, su sometimiento al exgoberandor Jaime Bonilla, y su confrontación con la actual mandataria, también de Morena, Marina del Pilar Ávila. Como piedra atada al tobillo, sostiene a su vocero, Miguel Ángel Torres, veterano empleado de áreas de prensa desde que laboró con el gobernador priísta Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-1989, los años de la irrupción del narcotráfico en el estado). Torres, un incontinente verbal, ha acreditado durante su trayectoria un talante persecutor de la crítica periodística.