En noviembre de 2020, cuando como presidente de la Corte ya se había encarnado en fiel colaborador del gobierno López Obrador, el ahora ministro en retiro Arturo Zaldívar alentó acuerdos, al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para agilizar investigaciones contra funcionarios de ese ámbito, lo que ahora impugna en defensa propia y de dos exoperadores clave acusados de corrupción, hostigamientos contra juzgadores federales y enriquecimiento ilícito.
Según documentos públicos, la referida ley, vigente desde junio de 2021, refrenda acuerdos generales vigentes desde 2018 para que sean admisibles quejas o denuncias anónimas -que deberán acompañarse, se establece, de elementos probatorios suficientes.
El 25 de noviembre de 2022, según el Diario Oficial de esa fecha -bajo la presidencia de Zaldívar-, se aprobó que al Acuerdo General 132 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se le añadiera que “en caso de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar señalados en la queja o denuncia, se adviertan indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones”, que están normadas por el artículo 118 de ese mismo acuerdo.
Consultas realizadas por este columnista en el ámbito de la justicia federal arrojan que contra lo que alega Zaldívar Lelo de Larrea sobre una situación “sin precedentes” y “violatoria de toda la normatividad”, durante su presidencia en la Corte fueron revisadas 283 denuncias anónimas sólo entre 2019 y 2022 contra jueces, magistrados y ministros. El periodo de mayor confrontación en el pleno las quejas admitidas se dispararon: En 2019 fueron 31; en 2022, 38; en 2021, 138, y en 2022, 76.
Entre 2018 y 2024 han sido iniciadas 363 investigaciones contra ministros presidentes ante denuncias anónimas. En la gestión de Luis María Aguilar, antecesor de Zaldívar, se dio trámite a 11 denuncias de este tipo; con éste, 283, y con la actual presidenta, la ministra Norma Lucía Piña, la cifra es de 68.
Le comparto hoy el documento central de las indagatorias anunciadas el pasado jueves, contra Zaldívar, colaboradores cercanos y otros actores públicos. Las mismas pueden acabar desnudando una estructura corrupta que abarcaba a funcionarios del gobierno federal, la Fiscalía federal, la Corte y el CJF, pero también a despachos de abogados, que actuaban en contubernio a fin de utilizar la ley penal para extorsionar o proteger a empresarios y políticos según fuera su cercanía con el régimen, o su disposición a pagar cifras multimillonarias por los favores de una mafia.
Uno de los brazos de esta operación radicó en el CJF, cuyo presidente lo es también de la Corte. Durante años los señalamientos se multiplicaron en torno a dos altos funcionarios designados por Zaldívar: el secretario general de la presidencia del CFE, Carlos Antonio Alpízar Salazar, y el titular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, Jaime Santana Turral, entre otros. Según las denuncias, a ellos correspondía intimidar a juzgadores federales para avalar los acuerdos que se tenían para premiar a castigar a los actores sujetos de extorsión.
Es conocido que en enero de 2022, tras tomar posesión como nueva presidenta del Poder Judicial de la Federación, el primer acto de la ministra Norma Piña fue citar en su oficina a Alpízar Salazar para cesarlo en forma fulminante…, aunque casi de inmediato fue albergado por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López -próximo senador plurinominal por Morena. Lo designó -no se ría- jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático.
Zaldívar Lelo de Larrea ha sido descrito como mentiroso y cínico. Una herencia tóxica del sexenio López Obrador sobre la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, quien debió salir a defenderlo y calificar los señalamientos en su contra como políticos. Ya se verá que se tratará de un insoportable peso muerto para su causa.