Reconocimiento y acción son fundamentales si en realidad existe disposición para enfrentar los problemas de inseguridad.
El deterioro de la seguridad en Morelos ha sido evidente, no solo en la estadística de incidencia delictiva, también en la percepción ciudadana.
Con mil 125 homicidios dolosos entre enero y octubre de este año presenta un aumento de siete por ciento respecto al mismo periodo de 2023, y sus 47 feminicidios lo colocan como el estado con la mayor tasa por cada 100 mil mujeres en el país, con 4.45, más del doble que el segundo sitio, Chihuahua.
La descomposición, paulatina y creciente, revela pendientes tanto en seguridad como en procuración de justicia. La impunidad estimula la actividad delictiva, de ahí la relevancia de contar con equipos sólidos en el trabajo de investigación.
“Lo que está ocurriendo, como es de dominio público, es un problema serio de violencia y de delincuencia”, reconoció hace unos días el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito. Es un primer paso ante la percepción de inseguridad de nueve de cada diez morelenses, según los datos del INEGI.
El deber de garantizar la seguridad patrimonial y personal corresponde al Estado, y no se puede avanzar sin la aceptación de lo que ocurre en el espacio público. La disposición política es necesaria, aunque insuficiente si no hay convergencia de voluntades de actores centrales en el proceso de contención y disminución de los delitos.
Coordinación y trabajo conjunto entre las secretarías de seguridad municipales y la fiscalía de justicia serán centrales para transitar de la retórica a la realidad.
La seguridad, con el 75 por ciento de la población que la considera uno de los principales problemas de la entidad —solo por debajo de los baches—, sí es un tema de dominio público y de atención.
Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
