Adriana Pineda Fernández
Magistrada Propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos
Una cruda realidad en la que vivimos es la frecuente comisión de delitos de naturaleza sexual en el seno de la familia, situación que suele esconderse como un secreto por distintos motivos, que van desde la conservación del “buen nombre”, la vergüenza de vivenciar un hecho victimizante, evitar un estigma social a la víctima y muchas otras razones.
En principio podemos pensar que este tipo de casos son aislados porque nuestra sociedad ha evolucionado y cada vez hay más acceso a la información y personas informadas sobre el comportamiento sexual, y que especialmente los niños, niñas y adolescentes (NNyA) cuentan con educación escolar en la materia, pero las estadísticas nos refutan lo contrario.
Este año 2023, en el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA) del Estado de Morelos, iniciamos 18 carpetas judiciales por delitos que afectan el normal desarrollo de NNyA como: abuso sexual, con 9 casos, violación agravada con 8 casos y ciberacoso con un caso, siendo este tipo de delitos la segunda causa por la que se inician procedimientos penales en contra de adolescentes en la entidad.
Este dato, constituye los casos que la Fiscalía General del Estado (FGE) presenta ante el TUJPA para que inicie el proceso penal, pero eso no significa que son todos los que están denunciados y mucho menos todos los que ocurren, porque la mayoría de las ocasiones se quedan en “secretos de familia”.
Al respecto, Yil Felipe Wood, especialista en Protección a la Niñez e Incidencia de la organización ChildFund México, refirió que los niños que están más conectados al internet, son más propensos a ser víctimas de delitos sexuales, considerando que a partir de la pandemia por Covid-19 se incrementó su actividad en las redes social y que, a partir de ello, también aumentaron en un 117% las denuncias sobre materiales de abuso sexual.
En 2021, la entonces directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, señaló que el 90% de las violaciones cometidas contra niñas se produjo al interior de los hogares y en su entorno familiar. Pero además admitió que México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Estos datos parecen lejanos cuando la víctima no es alguien conocido, pero los delitos de índole sexual pueden permanecer en perfecto silencio durante muchos años, y no por eso podemos decir que no existe.
Las víctimas siendo infantes o adolescentes muchas veces callan porque temen que sus familias no les crean o porque piensan que todo su entorno y condiciones de vida cambiarán, o temen a su abusador o tienen un vínculo emocional con el agresor o simplemente por vergüenza o ignorancia de que el abuso es un acto ilícito.
Ejemplo de esta problemática puede verse en los muchos casos en los que artistas han decidido denunciar los delitos de los que fueron objeto siendo niños o niñas, y es precisamente ahora que son adultos cuando adquirieron la conciencia de que los actos a los que fueron sometidos eran ilícitos.
Esta es una de las razones por las que, el pasado mes de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformar el Código Penal Federal, para establecer que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años, sean imprescriptibles.
La recurrencia de víctimas infantes y adolescentes de delitos sexuales tiene una clara implicación en su desarrollo, porque traen consecuencias físicas, psicológicas y sociales que repercutirán en la adultez.
Por eso es indispensable que autoridades y sociedad trabajemos para garantizar que NNyA en nuestro país gocen a plenitud de sus derechos fundamentales, esencialmente de protección, reparación del daño y el acceso a la justicia.
Considero que lo realmente importante es preguntarnos ¿qué se hace o deja de hacer para evitar que estas conductas delictivas se sigan cometiendo? y ¿qué se hace para atender a las víctimas, desde el ámbito de las familias, la comunidad, los centros educativos y las instituciones gubernamentales?
