Tal como lo anunció desde meses atrás, el presidente López Obrador envió al Congreso el lunes 5 de febrero, aniversario de la Constitución, varias iniciativas de reforma constitucional las cuales, aun cuando no sean aprobadas, serán parte fundamental del programa de la izquierda para los próximos años.
De manera enunciativa, las iniciativas se pueden resumir así:
1) Reforma del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la SCJN. El núcleo de la propuesta consiste en que la designación de los integrantes del poder judicial se realice por medio del voto popular. También se propone que el Consejo de la Judicatura realmente funcione, para lo cual será dividido en dos órganos con facultades para sancionar a funcionarios judiciales que no cumplan con su deber.
Varias iniciativas se refieren a la austeridad republicana, por lo que el artículo 127 de la Constitución será reforzado para que los juzgadores se ajusten a los principios juaristas, evitando los privilegios y extravagancias actuales de la SCJN.
2) Desaparición de la mayoría de los organismos “autónomos” del Poder Ejecutivo porque duplican las funciones del gobierno y por ser demasiado onerosos. En la práctica, esos organismos son enclaves del régimen neoliberal que aún se mantienen dentro de la estructura administrativa del gobierno actual.
3) Reforma a la Guardia Nacional. López Obrador propone de nuevo que la GN sea administrada por la secretaría de la Defensa. Esta reforma ya fue aprobada con anterioridad, pero por diversas argucias en la SCJN fue declarada inconstitucional.
4) Se envían iniciativas en relación con la prohibición del maíz transgénico; contra el “fracking” y la minería a cielo abierto; sobre la función de la CFE; sobre la consulta popular y la revocación de mandato, reduciendo la exigencia de 40 a 30% de firmas ciudadanas del padrón para que sean vinculantes.
5) Reforma al salario mínimo. De manera tradicional, desde 1982 hasta 2018 el salario mínimo de los y las trabajadoras del país aumentaba en menor proporción que la inflación oficialmente reconocida. Esto ocasionó que durante décadas el salario mínimo fuera perdiendo gradualmente su poder adquisitivo, por lo que el gobierno de la oligarquía condenó a la miseria a los sectores obrero, campesino y popular. Durante la administración de AMLO, el salario mínimo ha aumentado más del doble, pero aún es notoriamente insuficiente. La iniciativa pretende que el aumento anual del salario sea superior a la inflación, por lo cual se irá recuperando de manera gradual el nivel de vida de la clase obrera y del pueblo.
6) Reforma de las pensiones. El régimen neoliberal (especialmente en la época de Ernesto Zedillo) estableció que, al jubilarse, los y las trabajadoras del país percibirían una pensión menor al salario promedio que recibían hasta antes de la reforma. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la medida se aplicó también a los y las trabajadoras del ISSSTE. La iniciativa de AMLO propone que las pensiones incluyan el 100 por ciento del salario devengado por las y los prestadores de servicios durante el último año. La diferencia entre ambas cifras sería cubierta al principio por el gobierno, y progresivamente subirían las aportaciones de los empresarios. Al respecto se creará un “fondo semilla” de más de 64 mil millones de pesos para reparar el daño ocasionado a la clase obrera.
La coalición de izquierda hoy solo cuenta con mayoría simple (la mitad más uno) en ambas cámaras. Hay que entender, no obstante, el trasfondo de la propuesta presidencial: si las bancadas de la oposición de derecha votan en bloque contra demandas tan sentidas de la población mexicana, esos partidos recibirán un fuerte castigo popular. En las condiciones actuales, los partidos de la derecha no pueden permitirse el lujo de perder más las simpatías del pueblo.
Una de las primeras propuestas que se han comentado en los medios políticos es la de las pensiones. Ernesto Zedillo modificó la Ley del IMSS que databa de 1973. Durante la vigencia de esa ley, las pensiones se pagaban íntegras a los y las trabajadoras, de acuerdo con el salario devengado en el último año. No existían las AFORES, o sea el sistema de cuentas personales de cada trabajador(a).
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de mayo de 1996, Zedillo conservó la edad de jubilación a los 65 años, pero redujo a menos de la mitad el monto de las pensiones de los y las trabajadoras, y privatizó esa prestación. Zedillo creó el sistema de las AFORES (Ahorro para el Retiro, CONSAR) entregando a los bancos la administración de esos recursos, de manera que esos miles de millones de pesos fueron destinados a “inversiones productivas” –es decir, operaciones es muchos casos especulativas-- cuyo manejo ha estado siempre en manos de la banca privada. Esto quiere decir que el monto de dicha prestación laboral pasó a ser parte de la bolsa de recursos financieros que, como se sabe, manejan bancos en su mayoría extranjeros, cuyas ganancias se remiten a sus oficinas matrices. Felipe Calderón, por su parte, aplicó las mismas medidas a las y los trabajadores al servicio del gobierno, agrupados en el ISSSTE.
La propuesta de reforma constitucional para abolir esas afectaciones ha ganado mucha aceptación entre los partidos de la derecha, ya que no afecta mayormente los intereses de la banca. Simplemente no suprime las AFORES, y por lo mismo no lastima los intereses que defienden los prianistas. Lo mismo ocurre con la reforma del salario mínimo, ya que de por sí es tradicional que patrones, sindicatos y el gobierno se reúnan cada año para fijar los aumentos salariales. La propuesta presidencial hará obligatorio que tales aumentos sean ser superiores a la tasa de inflación registrada por las mediciones oficiales.
Para empezar, tanto Rubén Moreira, dirigente de la fracción de los diputados priístas, como Jorge Romero Herrera, del PAN, personeros del PRD y hasta Xóchitl Gálvez han manifestado su apoyo a las dos últimas propuestas. En cuanto se refiere a las reformas de pensiones, ambos líderes hacen énfasis en exigir que el gobierno dé explicaciones acerca de la fuente de recursos que usará para el pago de las mismas.
